Proyecto que reforma la Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico y crea el MICyT para potenciar el uso de recursos en I+D (expediente 24422)

El proyecto propone reformar la Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico (Ley N.º 7169) y crear el MICyT (Ministerio de Ciencia y Tecnología) con la finalidad de potenciar el uso de los recursos destinados a investigación y desarrollo (I+D). La iniciativa, presentada por la diputada Paulina Ramírez (expediente 24422), está pendiente de aprobación y, si se convierte en ley, comenzaría a regir tres meses después de su publicación.

El cambio concreto que propone el texto es modificar varios artículos de la ley vigente y añadir normas que, en la práctica, permiten a las instituciones públicas de educación superior, al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y a las entidades que formen parte del sistema de ciencia y tecnología: (1) generar y vender bienes y servicios relacionados con sus proyectos de investigación y extensión; (2) crear y participar en fundaciones, empresas y sociedades para gestionar esos recursos; y (3) establecer incubadoras y parques tecnológicos para articular emprendimientos. Esos recursos generados podrán invertirse y ejecutarse en las mismas fundaciones, empresas o sociedades creadas, con el propósito de financiar actividades científicas y tecnológicas.

El proyecto también organiza el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y declara de interés público las actividades de generación, transferencia y utilización del conocimiento derivadas de la investigación científica, por lo que señala que esas partidas se consideren como un rubro de inversión y se clasifiquen en las partidas de capital de los presupuestos públicos plurianuales. En la práctica esto implica que las actividades de I+D tendrán un tratamiento presupuestario y contable distinto al de gastos corrientes, según dispone el texto.

Respecto a responsabilidades y límites, el proyecto exige que las instituciones que creen o administren fundaciones, empresas o sociedades establezcan, por reglamento interno, procedimientos administrativos, operativos y transparentes. El texto exige, además, que los órganos públicos informen al Ministerio de Ciencia y Tecnología sobre los presupuestos específicos que incluyan las actividades científicas, tecnológicas y de innovación, indicando la naturaleza y los objetivos de los programas donde se utilizarán esos recursos. El proyecto contempla la continuidad de las actividades científicas y tecnológicas con los recursos generados y condiciona la inversión y ejecución a los reglamentos que fijen dichas instituciones.

Señala que las universidades estatales realizan la mayor parte de la investigación científica del país (un 78% según el texto) y que, entre 2017 y 2021, invirtieron en promedio más de ₡70.000 millones por año en I+D. También argumenta que la normativa actual de contratación pública y otras reglas hacen lentas algunas adquisiciones necesarias para proyectos científicos, por lo que la reforma pretende facilitar operaciones más ágiles, sin que el propio texto convierta en obligaciones resultados concretos ya logrados.

En resumen, si se aprueba esta reforma, en la práctica las instituciones públicas de educación técnica y superior y el INA podrán comercializar productos y servicios vinculados a investigación, crear estructuras empresariales y fundaciones para administrar los fondos que generen, informar al nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología sobre sus presupuestos destinados a I+D y regirse por reglamentos internos que garanticen la continuidad y transparencia del uso de esos recursos. La propuesta está pendiente de debate y aprobación por la Asamblea Legislativa y, como señala el articulado, la ley entraría en vigor tres meses después de su publicación si llega a aprobarse.