Ley para el desarrollo, promoción y fomento de la actividad libre de deforestación y deforestación evitada (Proyecto 24381)

El proyecto propone crear una ley para promover, regular y apoyar la producción de bienes que sean “libres de deforestación” y la llamada “deforestación evitada”, con incentivos, certificación y sanciones para controlar el uso del término y estimular mercados y financiamiento. El objetivo formal que declara el texto es impulsar la producción que mantenga las reservas de carbono en bosques y reducir emisiones vinculadas a la conversión de uso de la tierra, mediante la promoción y control de productos y subproductos agrícolas y agroindustriales que cumplan normas de certificación.

El proyecto define qué es “libre de deforestación” y regula cómo debe demostrarse ese estado para que un producto pueda recibir beneficios. La definición que incluye el texto establece que “libre de deforestación” es el estado de bienes producidos en tierras que no hayan sido objeto de deforestación o degradación forestal después del 31 de diciembre de 2020; por eso, las exoneraciones y beneficios se limitan a productos que estén registrados y certificados conforme a las normas que determine la autoridad competente.

El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) es la entidad encargada de promover, administrar, controlar y regular la actividad que la ley busca fomentar. El proyecto dispone que el MINAE debe emitir el reglamento que establecerá los procedimientos del sistema de certificación, los requisitos mínimos y el funcionamiento del registro de productos y sistemas de certificación. Esos reglamentos definirán quién certifica, qué documentación se exige y cuándo un producto puede usar la denominación “libre de deforestación y deforestación evitada”.

Medidas fiscales condicionadas a la certificación, financiamiento y promoción de mercados. Entre las medidas fiscales, el texto propone exonerar del impuesto sobre las ventas la venta de productos certificados como libres de deforestación y aplicar una tarifa reducida del 0,5% para la venta de ciertos productos y subproductos agropecuarios o agroindustriales orgánicos y libres de deforestación, siempre que estén registrados y certificados ante la entidad correspondiente. En materia de financiamiento, autoriza a la banca pública a desarrollar programas de apoyo y autoriza al Fondo Especial para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Fodemipyme) a financiar créditos y garantías a beneficiarios que cumplan los requisitos de la ley.

El proyecto regula la certificación y el mercado de esos productos. Establece que los productores podrán certificar sus productos para comercializarlos nacionalmente con la denominación “producto libre de deforestación y deforestación evitada” y que el MINAE fijará reglamentos y requisitos mínimos para los sistemas de certificación. Las exenciones y la tarifa reducida aplican solo cuando los productos estén efectivamente registrados y certificados según lo disponga la norma; en caso contrario, no tienen derecho a esos beneficios. El texto también contempla la participación de terceros acreditados en el proceso de certificación, siempre que cumplan los procedimientos exigidos por la normativa costarricense.

El proyecto incluye medidas para proteger al consumidor y sancionar fraudes en el uso del rótulo. La Comisión Nacional del Consumidor (del Ministerio de Economía, Industria y Comercio) será el órgano competente para conocer y sancionar las infracciones por divulgar como “libres de deforestación” productos que no cumplan las condiciones. Además, se presume como “no libre de deforestación y deforestación evitada” cualquier producto importado que no esté certificado según las condiciones y requisitos establecidos; la sanción puede aplicarse también a productos nacionales que se vendan con esa denominación sin reunir la condición.

El alcance práctico que resulta del articulado es que para obtener exenciones fiscales, tarifa reducida o el uso del rótulo comercial, un producto debe: estar producido conforme a lo que la ley define como libre de deforestación; registrarse y certificarse ante la entidad competente; y operar dentro del marco reglamentario que el MINAE deberá fijar. Los apoyos financieros y de promoción son facultades autorizadas por la norma (es decir, la ley habilita a bancos y fondos públicos a ofrecerlos), pero su ejecución concreta dependerá de reglamentos y programas que las entidades deberán diseñar.

El proyecto está pendiente de aprobación; en el expediente 24381 consta que fue presentado el 12 de junio de 2024 y que, según los trámites registrados, recibió un dictamen de mayoría negativo y quedó archivado el 24 de febrero de 2026. Esa anotación de trámite indica la situación formal que tuvo el expediente en la Asamblea, pero la explicación aquí se refiere a lo que la norma propone si llegara a aprobarse: creación de definiciones, obligaciones de certificación, atribuciones del MINAE, incentivos condicionados al registro y a la certificación, apoyo financiero facultativo y sanciones por uso indebido del rótulo.