Creación del cantón décimo segundo de la provincia de Guanacaste (proyecto de ley 24375)

El proyecto propone crear el cantón décimo segundo de la provincia de Guanacaste, separando una nueva municipalidad formada por territorios de la Península de Nicoya y sus islas. La propuesta define en el articulado qué distritos y zonas marítimo-terrestres integrarían ese nuevo cantón y encomienda a instituciones del Estado la fijación del nombre, la cabecera cantonal y la cartografía oficial. La iniciativa está en trámite en la Asamblea Legislativa y está pendiente de aprobación.

El territorio que el proyecto señala para la nueva municipalidad incluye los distritos administrativos de Lepanto, Paquera, Cóbano y la isla Chira, además del Golfo de Nicoya y sus islas e islotes. En la exposición y en el articulado se repite que el cantón se constituye con esa agrupación de distritos y sus respectivas zonas marítimo-terrestres, de modo que la nueva unidad territorial abarca tanto áreas continentales como insulares y el cuerpo de agua del Golfo para efectos administrativos.

El nombre oficial del nuevo cantón no aparece en el texto como definitivo; el proyecto entrega esa decisión a la Comisión Nacional de Nomenclatura. El articulado obliga a esa Comisión a “establecer un procedimiento amplio de participación y estudio de las iniciativas y propuestas de la población” y fija un plazo máximo de seis meses desde la promulgación de la ley para que se defina el nombre.

El proyecto fija las cabeceras de distrito dentro del nuevo cantón y deja la determinación de la cabecera cantonal a un decreto ejecutivo. En el texto se listan las cabeceras distritales propuestas (por ejemplo Jicaral para Lepanto y Paquera Centro para Paquera, Cóbano Centro para Cóbano y San Antonio para Chira) y se requiere que la cabecera del cantón sea decidida por decreto tras estudios técnicos y recomendaciones de MIDEPLAN, IFAM y el Instituto Geográfico Nacional, también con un plazo máximo de seis meses a partir de la promulgación.

Los límites y la cartografía del nuevo cantón se describen con referencia a hojas cartográficas del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el proyecto encarga al IGN la elaboración del mapa oficial. El articulado remite su delimitación a las hojas cartográficas a escala 1:50000 y el transitorio ordena al IGN que elabore el mapa oficial dentro de los seis meses siguientes a la promulgación.

En lo institucional, el proyecto regula la instalación y las primeras elecciones municipales del nuevo cantón. Establece que la primera elección municipal se celebrará en la primera convocatoria a elecciones municipales inmediatamente posterior a la promulgación, conforme al Código Electoral. Mientras no se instale la nueva Municipalidad, el territorio se regirá por los concejos de distrito vigentes hasta que se constituya la corporación municipal del nuevo cantón.

El texto incluye previsiones sobre financiamiento y personal. Permite que las instituciones públicas nacionales otorguen créditos a la nueva Municipalidad en concordancia con el Código Municipal y protege la continuidad laboral del personal: dispone que los funcionarios de los Concejos Municipales de Distrito de Lepanto, Paquera y Cóbano mantendrán sus puestos y derechos laborales en sus localidades.

Deroga los acuerdos municipales que crearon los Concejos Municipales de Distrito de Lepanto, Paquera y Cóbano una vez instalada la nueva Municipalidad; promueve la coordinación con el Consejo de Territorio para el Desarrollo Rural y contempla que la nueva municipalidad participe en instrumentos de planificación y conservación. También establece que, tras la promulgación, el nuevo cantón “rige a partir de su publicación”, condición que solo se aplicaría si el proyecto llegara a ser aprobado y promulgado.

El expediente que registra esta iniciativa es el número 24375, presentado en la Asamblea Legislativa el 10 de junio de 2024 y publicado en La Gaceta el 27 de junio de 2024 (Número de Gaceta 117). Es un proyecto de ley ordinario propuesto por varios diputados; su avance depende de las votaciones y procedimientos legislativos y administrativos posteriores a la aprobación. La propuesta está pendiente de aprobación y sus efectos solo se producirán si el texto es votado y promulgado según el proceso legal.