Proyecto que encarga al Lanamme‑UCR el seguimiento, evaluación y asesoría técnica de la calidad de la infraestructura educativa (expediente 24362)

El proyecto propone que la Universidad de Costa Rica, por medio de su Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR), asuma funciones de fiscalización técnica, seguimiento, evaluación y asesoría sobre la calidad de la infraestructura de los centros educativos públicos que imparten educación preescolar, de la general básica y diversificada. El texto indica que la finalidad es aumentar la eficiencia de la inversión pública en el desarrollo y mantenimiento de esa infraestructura y que la UCR "podrá celebrar convenios con el Ministerio de Educación Pública (MEP) a fin de realizar, por intermedio de su Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR), las competencias y acciones que se establecen en la presente Ley"; la iniciativa está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

Auditorías técnicas de proyectos en ejecución; evaluación de la infraestructura existente; desarrollo y actualización de normas, manuales y especificaciones técnicas; asesoría técnica a autoridades del MEP; generación y actualización de manuales y publicaciones; programas de formación, transferencia de tecnología y actividades de investigación para buscar soluciones a problemas de la infraestructura educativa. El texto expone esas funciones de forma explicita en el modelo de fiscalización y en las listas de funciones que el proyecto propone asignar al laboratorio.

El responsable de coordinar las actividades sería el MEP, que debe conformar un órgano técnico permanente con representación de la Dirección de Infraestructura Educativa y un representante del Ministro(a), para actuar como contraparte y reunirse periódicamente con representantes del LanammeUCR. Los informes finales que resulten de las labores de fiscalización deben ser remitidos al MEP, que "deberá tomar las medidas necesarias en infraestructura educativa para iniciar la implementación de las recomendaciones realizadas por el LanammeUCR en un plazo mínimo de un mes, contado a partir de que se recibe el informe final" (el texto establece la remisión de informes y encarga medidas al MEP).

Los entes o cuerpos sujetos a la fiscalización deberán contestar las solicitudes de información del LanammeUCR en un plazo de diez días hábiles; cuando la información requiera un procedimiento complejo la administración podrá solicitar que el plazo se extienda, de manera justificada, hasta treinta días hábiles. El no cumplimiento de obligaciones previstas en la norma "acarrea responsabilidad administrativa para las personas encargadas de realizar las gestiones establecidas" y la falta de entrega del documento que detalle medidas a adoptar por la administración se considera una falta muy grave según el articulado.

Dispone que "se le asignará a la Universidad de Costa Rica no menos de un uno punto cero por ciento (1.0%) del monto promedio presupuestado durante los últimos 5 años para programas presupuestarios de infraestructura y equipamiento del sistema educativo". Además indica que "La suma anual asignada en el Presupuesto Ordinario de la República del MEP, será girada directamente a la UCR por la Tesorería Nacional"; es decir, el financiamiento previsto se canalizaría desde el presupuesto ordinario del MEP a la UCR.

Otorga al Ministerio de Educación Pública (MEP) un plazo de seis meses para definir y organizar el órgano técnico encargado de coordinar con el LanammeUCR; en un transitorio se ordena que el órgano técnico que el MEP designe efectuará, dentro de seis meses siguientes, el cálculo respectivo de los recursos objeto de la ley para que el Ministerio de Hacienda los transfiera; y establece que, a partir de la entrada en vigencia, el MEP contará con tres meses para trasladar al LanammeUCR la información referida a la infraestructura educativa de los centros de cada cantón. Estas obligaciones aparecen como plazos que deben cumplirse para que la fiscalización pueda iniciarse.

El alcance declarado en el articulado limita la aplicación a la infraestructura de los centros educativos que imparten educación preescolar, general básica y diversificada y deja en manos del MEP y de la UCR la forma de regulación operativa: el proyecto dice que el Poder Ejecutivo reglamentará la ley en el plazo que fije (señala plazos para reglamentación) y que la Universidad "podrá celebrar convenios" con el MEP para ejecutar las tareas. En consecuencia, la propuesta crea un mecanismo centralizado de fiscalización técnica a cargo del LanammeUCR, pero su puesta en marcha depende de acuerdos operativos, transferencias presupuestarias y plazos de implementación previstos en la norma; la iniciativa aún está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.