Proyecto 24326: Ley "Educar para la igualdad y equidad": fortalecimiento de la prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres por razón de género

El proyecto propone fortalecer la prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres por razón de género incorporando de manera obligatoria la educación sobre igualdad, equidad y prevención de la violencia en todos los niveles del sistema educativo y estableciendo medidas complementarias de datos, difusión y certificación. El texto está presentado como proyecto de ley (expediente 24326) y está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa; rige a partir de su publicación y contiene plazos de regulación y ejecución definidos en su articulado y un transitorio.

El Ministerio de Educación Pública (MEP), los centros educativos del país (tanto públicos como privados), el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y la Defensoría de los Habitantes son sujetos obligados a lo dispuesto en la ley. En otras palabras, el proyecto define expresamente qué instituciones deben aplicar las acciones educativas y de difusión previstas.

En la práctica, la propuesta exige que el MEP, en coordinación con INAMU, incluya en los planes y programas de estudio de preescolar, educación general básica y diversificada contenidos sobre igualdad y equidad de género, prevención y erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres y los mecanismos para denunciarla. El proyecto detalla los temas mínimos que deben enseñarse: conceptos universales de derechos humanos vinculados a igualdad y equidad de género; normativa nacional e internacional sobre igualdad y eliminación de la violencia; la ley Nº10263 sobre reparación integral para sobrevivientes de femicidio; las diversas manifestaciones de la violencia (física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, política, laboral, entre otras); la eliminación de prácticas culturales y estereotipos que perpetúan violencia; actitudes, valores y prácticas que fomenten la igualdad; enfoques transformativos de género; la construcción de masculinidades positivas y no violentas; las formas de identificar violencia y los mecanismos de denuncia; y los factores de riesgo y señales de alerta. Esos contenidos deberán impartirse conforme a la edad y el desarrollo progresivo de las personas estudiantes y formar parte de las evaluaciones que se les realicen.

(I) la creación, por parte del MEP en conjunto con INAMU, de un certificado denominado "Centros educativos libres de violencia de género" que se otorgará a los centros que demuestren cumplir con la enseñanza de los contenidos y la realización de la jornada nacional; (ii) la institucionalización de una jornada nacional para la educación contra la violencia hacia las mujeres que se celebrará cada 25 de noviembre con actividades de difusión, capacitación y actos de conmemoración orientados sobre todo a niñas, niños y adolescentes; y (iii) la obligación de difundir los mecanismos de denuncia a cargo de entidades determinadas, entre ellas INAMU, MEP y la Defensoría, para que la población conozca cómo denunciar casos de violencia.

Dispone que el Sistema Unificado de Medición Estadística de la Violencia de Género (SUMEVIG) y el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial cuenten con indicadores y estadísticas sobre todas las formas de violencia específicas para cada región, y que esos indicadores se pongan en conocimiento de INAMU, la Defensoría y el MEP para focalizar acciones preventivas en las zonas con mayor incidencia o mayor vulnerabilidad.

El proyecto también propone reformas puntuales a otras normas (por ejemplo, se adiciona un inciso al artículo 3 de la Ley Fundamental de Educación para incorporar la educación permanente en igualdad y prevención de violencia) y establece plazos de implementación: el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo de 4 meses posteriores a su publicación; las instituciones señaladas deberán diseñar y empezar a ejecutar las acciones en un plazo máximo de 12 meses posteriores a su publicación; y la ley "rige a partir de su publicación". Estos plazos y obligaciones aparecen en el articulado y en el transitorio del proyecto.

Se trata del "Tipo de expediente: PROCEDIMIENTO PROYECTO DE LEY ORDINARIO" con Número de expediente 24326; la fecha de inicio registrada es 2024-05-09 y la fecha de publicación es 2024-05-31. El documento indica además un vencimiento cuatrienal el 2028-05-09 y muestra etapas de trámite internas (presentación, envío a imprenta, asignación a comisión y votación en comisión) que forman parte del proceso legislativo antes de convertirse en ley.

El proyecto está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa y, por tanto, las medidas descritas son propuestas que producirían obligaciones y efectos legales sólo si y cuando el Legislativo las apruebe y se publique la ley según los plazos que el propio texto establece.