Proyecto 24316: Proyecto de ley para crear un Proceso Monitorio Laboral

Un trámite judicial especial, rápido y concentrado para resolver en sede laboral el cobro de obligaciones monetarias líquidas y exigibles derivadas de la relación de trabajo, cuando se trate de derechos irrenunciables. El proyecto está presentado por diputadas y diputados y, como toda iniciativa, está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

El cambio concreto que propone es crear una vía única y más expedita para que la persona trabajadora cobre sumas líquidas y exigibles por derechos laborales de carácter irrenunciable (por ejemplo salario, aguinaldo o vacaciones, según el marco constitucional y laboral). El texto legal delimita que el monitorio laboral procede únicamente cuando la pretensión sea de “obligaciones dinerarias, líquidas y exigibles” derivadas de la relación laboral y cuando la existencia de esa relación sea indubitable; si no hay certeza sobre la relación laboral, la vía propuesta no sería viable y debe tramitarse el proceso ordinario.

La persona trabajadora presenta una demanda monitoria con el “documento monitorio” que justifique la relación y la suma reclamada. El proyecto enumera probatorios admisibles como ejemplo: contrato laboral escrito; carta de despido con o sin responsabilidad patronal; carta de renuncia; sentencias declarativas de derechos laborales y otros títulos o documentos con fuerza ejecutiva o reconocidos judicialmente. Una vez admitida la demanda, el tribunal dictará una “resolución intimatoria” que ordena al demandado pagar lo reclamado; en esa resolución se concede un plazo de cinco días para pagar o para oponerse mediante una defensa escrita.

Si la parte demandada no paga ni presenta oposición fundada en el plazo, la resolución intimatoria puede convertirse en título ejecutivo y aplicarse la ejecución; la resolución intimatoria tiene, según el proyecto, “efecto de cosa juzgada material” y carece de ulterior recurso. Si la parte se opone y la oposición es fundada (las causales admisibles incluyen falsedad del documento, falta de exigibilidad de la obligación, pago comprobado por escrito, improcedencia del proceso elegido o prescripción), el tribunal desarrollará una audiencia escrita para valorar la prueba ofrecida y, valorada la prueba, podrá confirmar, revocar o convertir el procedimiento a ordinario; el proyecto fija un plazo de 15 días para que el tribunal dicte sentencia que confirme o revoque la resolución intimatoria.

El tribunal puede ordenar embargos preventivos a petición de parte si se acompaña título ejecutivo; además el texto remite a normas de la Reforma Procesal Laboral que permiten medidas cautelares y señala, en línea con esa reforma, que pueden dictarse embargos previos sin exigencia de fianza en los casos previstos. Para aplicar el monitorio laboral se define la competencia: serán competentes los juzgados o tribunales de ejecución en materia laboral y el proyecto autoriza a la Corte Suprema de Justicia a crear y especializar tribunales de ejecución para el debido funcionamiento de la nueva vía.

Si la demanda carece de requisitos el tribunal ordenará la subsanación única por un plazo de cinco días; la oposición debe ser escrita y fundada y dará lugar, de ser procedente, a la celebración de la audiencia escrita prevista; la resolución intimatoria concede plazos y efectos específicos que difieren de un auto interlocutorio ordinario; y el escrito de demanda debe cumplir con los requisitos del artículo 495 del Código de Trabajo y presentar el documento monitorio correspondiente en el original o copia firmada o en soporte digital con firma digital cuando proceda.

El texto expone el propósito de disminuir los tiempos y descongestionar el aparato judicial laboral, crear un procedimiento más sencillo, de bajo costo y con menos formalismos que el ordinario, y otorgar una vía efectiva para que la parte trabajadora perciba de forma expedita las sumas por derechos irrenunciables; sin embargo, se mantiene la garantía del derecho de defensa mediante la oposición fundada y la audiencia escrita para la valoración probatoria cuando corresponda. Cabe insistir: se trata de un proyecto de ley, no de una ley aprobada; su entrada en vigor y efectos dependerán de su tramitación y aprobación por la Asamblea Legislativa.