Proyecto 24301: Aumentar la pena por matar a un agente de seguridad privada

El proyecto propone reformar el inciso 10) del artículo 112 del Código Penal para aumentar la pena cuando la víctima sea un agente de seguridad privada, igualándolo expresamente con miembros de cuerpos policiales; el proyecto está pendiente de aprobación. El texto propuesto indica una pena de prisión de veinte a treinta y cinco años para quien mate a “un miembro de los cuerpos policiales del Estado, municipal, de las demás fuerzas de policía públicas y agentes de seguridad privada...”, y la iniciativa se presenta como un proyecto de ley ordinario inscrito en el expediente 24301.

El cambio afectaría a las personas cuyo homicidio se considere “homicidio calificado” según el artículo 112: específicamente, ampliaría la lista de personas protegidas para incluir a los agentes de seguridad privada junto con los policías. La redacción propuesta condiciona la aplicación de la pena a que la víctima sea “siempre que sea en ejercicio, por causa o en razón de sus funciones”, es decir, solo cuando el ataque esté ligado al desempeño del servicio o la función del agente.

Con la reforma, la pena por ese tipo de homicidio pasaría de la escala que hoy se aplica a homicidio simple a la escala más alta del homicidio calificado: la exposición del proyecto recuerda que actualmente el artículo 111 tipifica el homicidio doloso como “homicidio simple con pena de prisión de 12 a 18 años” y propone que, cuando se trate de los casos listados en el artículo 112 inciso 10), se imponga prisión de veinte a treinta y cinco años.

La exposición de motivos del proyecto justifica la iniciativa con datos sobre delitos y homicidios en el país: incluye una tabla con cifras por año (2020-2024) donde la fila “Homicidio” muestra los valores 570, 588, 661, 906, 245 (total 2970) y cita la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes para 2019-2023, señalando 2019 = 11,07; 2020 = 11,02; 2021 = 11,04; 2022 = 12,06 y para 2023 17,20 por cada 100.000 habitantes. Esos datos se usan en el proyecto para argumentar que hay un aumento de homicidios y mayor riesgo para quienes prestan servicios de seguridad.

La reforma propone que el inciso 10) del artículo 112 quede redactado mencionando a “agentes de seguridad privada” y añadiendo la condición “siempre que sea en ejercicio, por causa o en razón de sus funciones”. Esa condición es una limitación clara: la pena agravada se aplicaría cuando el homicidio esté vinculado al desempeño de las funciones del agente, no en cualquier circunstancia.

El expediente del proyecto es el número 24301; según el registro oficial tuvo inicio el 2024-04-29 y se publicó el 2024-05-29 (Gaceta N.º 96). El texto del proyecto incluye además la disposición de que, de aprobarse tal como está redactado, “Rige a partir de su publicación”. Mientras tanto, la propuesta sigue su trámite parlamentario y no es una norma vigente: su entrada en vigor dependerá de su aprobación y publicación conforme al proceso legislativo.