Proyecto de ley 24300: Ley para la resiliencia climática de Costa Rica y creación de la Dirección Nacional de Cambio Climático

El proyecto propone crear una ley llamada “Ley para la resiliencia climática de Costa Rica” y, en su marco, establecer la Dirección Nacional de Cambio Climático como órgano del Estado que debe coordinar la política pública sobre cambio climático. El documento es un proyecto de ley y está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

Contempla la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), la adaptación a los impactos del cambio climático y la promoción de prácticas sostenibles en todos los sectores, con el propósito de reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia del país. Ese objetivo se declara desde el primer artículo del texto y es la finalidad que orienta las demás disposiciones.

El proyecto incorpora definiciones técnicas que se usarán para aplicar la norma, por ejemplo “Adaptación”, “Calentamiento global”, “Cambio Climático” y “Carbono Neutralidad”. Estas definiciones sirven para aclarar qué entiende la ley por medidas de adaptación (ajustes para reducir daños y aumentar la resiliencia) y por otros conceptos clave que aparecen en las obligaciones y programas que la ley propone.

La norma crea formalmente la Dirección de Cambio Climático adscrita al Ministerio de Ambiente y Energía y le atribuye funciones concretas: coordinar y gestionar la política pública de cambio climático, apoyar la ejecución de la agenda nacional e internacional, fungir como focalía ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, diseñar y administrar un Registro de Créditos de Carbono y actuar como Secretaría Técnica del Mercado Doméstico de Carbono, entre otras funciones técnicas y de coordinación. Esas funciones se describen en los artículos que crean y regulan la Dirección.

También se crea un Comité Técnico Interministerial de Cambio Climático (CTICC) como órgano asesor y de apoyo del Ministerio de Ambiente y Energía. El Comité estará integrado por representantes de varias instituciones públicas (con el Ministerio de Ambiente y Energía como coordinador y la Dirección de Cambio Climático como secretaría técnica) y deberá apoyar la generación de insumos técnicos, el seguimiento técnico de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y la coordinación interinstitucional para implementar las acciones sectoriales.

El proyecto regula mecanismos de financiamiento y presupuesto. Entre otras medidas, autoriza que el Sistema Bancario Nacional “podrá” abrir una cartera crediticia destinada a financiar costos asociados a la reducción de emisiones y otras acciones climáticas, y exige que el Estado incluya en cada presupuesto ordinario y extraordinario una cuantificación separada y específica de los recursos materiales, técnicos y financieros destinados a adaptación y mitigación del cambio climático. En los artículos correspondientes se distinguen facultades (lo que se puede hacer) y deberes (lo que las instituciones deben incluir en su presupuesto).

Encarga al Ministerio de Ambiente y Energía, a través del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), fortalecer capacidades para la investigación, control, reporte y verificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y para el inventario nacional de GEI; exige a las instituciones públicas planes estratégicos de reducción de vulnerabilidad, adaptación y mitigación que deberán revisarse y actualizarse cada dos años; y asigna responsabilidades en gestión del riesgo para alinear respuestas con escenarios climáticos.

El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley dentro de un plazo de un año a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, y la norma “rige a partir de su publicación”. En conjunto, esas disposiciones indican que la entrada en funcionamiento y muchos detalles operativos dependen de la posterior reglamentación ejecutiva.

La propuesta contiene obligaciones específicas para entidades públicas (por ejemplo, elaboración de planes, suministro de información y presupuestos separados) y potestades para instrumentos financieros y administrativos (por ejemplo, la creación de carteras de crédito y registros de carbono). Como es un proyecto, sus mandatos y mecanismos entrarán en vigor sólo si la Asamblea lo aprueba y cuando se publique y reglamente según lo previsto.