Proyecto de Ley 24283: Promoción de la educación y formación técnica y profesional dual y el impulso al talento humano en la Revolución Industrial 4.0 y el empleo del futuro

El proyecto propone crear y modificar normas para promover la educación y la formación técnica y profesional dual, orientar la formación al talento humano para la llamada Revolución Industrial 4.0 y facilitar el empleo futuro. La iniciativa presenta cambios en definiciones legales, en la obligación de las empresas de aportar al Fondo Especial de Becas del INA y en reglas de operación para el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). El proyecto está en trámite parlamentario y aún pendiente de aprobación.

El proyecto cambia definiciones dentro de la Ley No. 9728 y, en particular, redefine quién es la “persona mentora” en los programas de formación dual. Según el texto propuesto, la persona mentora es la trabajadora de la empresa formadora o contratada por ésta que facilita el desarrollo del programa de EFTP dual, actuando bajo condiciones reales o simuladas de producción en la empresa y que cumple el perfil técnico y la capacidad para ejecutar programas educativos duales, con certificación o acreditación por el INA, el MEP u otros servicios de acreditación. Esta modificación apunta a aclarar qué tipo de trabajadores pueden acompañar y formar a estudiantes en la práctica laboral.

El proyecto introduce un artículo 26 bis que exonera temporalmente a las empresas o centros de formación participantes en EFTP (educación y formación técnica y profesional) dual de pagar el aporte mensual al Fondo Especial de Becas del INA, con un esquema gradual de reducción de la exoneración: los primeros tres años se exonera el 100% del pago; el cuarto año el 80%; el quinto año el 60%; el sexto año el 40%; y el séptimo año el 20%. A partir del octavo año las empresas deberán volver a aportar conforme al artículo 26 vigente. La norma establece expresamente ese calendario de exoneraciones y la vuelta al aporte a partir del octavo año.

El proyecto autoriza al INA a contratar el recurso humano necesario para dar los servicios de EFTP Dual. Esa autorización se realiza “en cumplimiento de la ley 9728”, respondiendo a la planificación técnica y financiera del Instituto y mediante acto motivado de su Junta Directiva; además permite al INA utilizar recursos de su superávit para dichas contrataciones. Esa disposición facilita que el INA cuente con personal para implementar y acompañar los programas duales, según la planificación que apruebe su Junta Directiva.

Quedan exceptuadas las empresas estatales que no estén en competencia, las instituciones públicas y las cooperativas que participen en EFTP dual en la condición de empresa según la definición legal. También el texto indica que “los recursos necesarios para dotar de becas ... serán asumidos por el Fondo Especial de Becas para la EFTP”, y autoriza al INA a trasladar anualmente recursos de su superávit al fondo durante la vigencia de la exoneración, lo que describe la fuente prevista para financiar las becas mientras dure la exoneración gradual.

El proyecto está registrado como expediente número 24283, con fecha de inicio 2024-04-24 y publicación en Gaceta el 2024-05-20; su trámite muestra que pasó por Comisión de Juventud y que tuvo “PRIMER DEBATE (PLENARIO)” el 2024-12-05, por lo que permanece en el proceso legislativo y aún no es ley. El texto incluye además una disposición transitoria que ordena al Poder Ejecutivo y al INA realizar las modificaciones reglamentarias pertinentes en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor, y que la ley “rige a partir de su publicación”, si se aprueba.

Si este proyecto se convierte en ley, las empresas que participen voluntariamente en programas de formación dual podrían quedar exoneradas de pagar el aporte al Fondo de Becas por varios años según el calendario gradual; el INA podrá contratar personal y usar su superávit para operar los programas; y la definición legal de “persona mentora” quedaría ampliada y regulada. Todo esto está propuesto en el proyecto y está sujeto a la aprobación definitiva por la Asamblea Legislativa.