Proyecto 24261: Reformas a la Ley 10.081 sobre derechos de la mujer en embarazo, parto, posparto y atención del recién nacido

El proyecto propone reformar la Ley 10.081 para ampliar la protección de las mujeres y de las personas recién nacidas durante la atención del embarazo, parto y posparto; el expediente es el 24261, lo presentó la diputada Paola Nájera Abarca y su trámite comenzó el 2024-04-16 (publicación 2024-05-13, Número de Gaceta 84). Esta iniciativa está pendiente de aprobación. El expediente indica además un calendario de trámites en comisiones y plenario que incluye lecturas, debates y votaciones entre 2024 y 2026, con vencimiento cuatrienal 2028-04-16, lo que muestra el estado y la ruta parlamentaria del proyecto.

El proyecto incorpora en la ley una definición y una conceptualización explícita de la llamada “violencia obstétrica”: la describe como un trato deshumanizado y como abuso de medicalización y patologización de procesos naturales, ejercido por personal de salud en el contexto de la atención del embarazo, parto y postparto, y lo califica como una violación a los derechos humanos. Con esa definición la norma pretende que ese tipo de conductas quede expresamente reconocida en el cuerpo legal y se la aborde desde la salud y los derechos humanos.

Exige brindar atención basada en la dignidad humana y capacitar al personal responsable de la atención calificada e integral de la mujer gestante y del recién nacido; promueve la autocrítica, la autorregulación y la evaluación continua de los servicios; obliga a crear espacios que garanticen la confidencialidad, la privacidad y el bienestar en la atención; y ordena la adaptación de instalaciones para que cuenten con centros de lactancia materna con información y apoyo para la extracción y administración de leche cuando sea necesario. Estas obligaciones se plantean como deberes de las instituciones que prestan servicios de salud, públicos y privados, según el articulado que se agrega o modifica.

Cita un registro de consultas y quejas relacionadas con violencia obstétrica ante la Defensoría de los Habitantes que suma un TOTAL: 330 (fuente: Defensoría de los Habitantes) y usa variables definidas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para señalar manifestaciones concretas de esta violencia, por ejemplo “No se le consultó sobre aplicarle medicamentos o procedimientos”, “No se le dieron explicaciones que entendió”, “No tuvo la privacidad necesaria”, entre otras. Esas cifras y variables se presentan en el proyecto como parte del diagnóstico que justifica las reformas.

Además de definir y tipificar conductas, el proyecto propone la implementación de un mecanismo de control para mejorar la información que reciben las mujeres embarazadas sobre sus derechos y para que esa información, eventualmente, mejore la comunicación entre usuarias, el servicio médico y los profesionales de la salud. El texto plantea también que la Defensoría de los Habitantes tenga un rol de vigilancia respecto a la entrega de información pertinente y accesible a las mujeres en etapa prenatal, y que se incorporen lineamientos y protocolos técnicos en los servicios.

Quienes resultan directamente afectados por la propuesta son las mujeres embarazadas, las personas en posparto y las personas recién nacidas, así como las instituciones y el personal de salud que prestan atención en esos momentos (públicas y privadas), que verían nuevas obligaciones en materia de información, formación, confidencialidad, espacios físicos y registros. El proyecto enuncia objetivos de protección y obligaciones, pero permanece pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa antes de convertirse en ley y no especifica en el texto citado aquí detalles sobre financiamiento, sanciones administrativas o plazos de implementación más allá de lo indicado en sus artículos y el calendario legislativo mostrado.