Proyecto 24251: Cambio para que el Ministerio de Salud dirija autorizaciones y normas sobre disposición final de residuos (pendiente de aprobación)

El proyecto propone que el Ministerio de Salud asuma la facultad de autorizar el uso del suelo para instalaciones destinadas a la disposición final de residuos sólidos y que, además, tenga más poder para dictar reglas técnicas nacionales sobre esa disposición. Está pendiente de aprobación en la Asamblea Legislativa.

El proyecto cambia quién emite el certificado de uso de la tierra para obras o plantas de disposición final: propone que esa emisión corresponda al Ministerio de Salud y no a las municipalidades. En la práctica, una persona o empresa que quiera instalar una obra dedicada a disposición final (por ejemplo, un relleno sanitario o planta de tratamiento) deberá tramitar ante el Ministerio de Salud el certificado que autoriza el uso del terreno para ese fin; la municipalidad dejaría de ser la autoridad que emite ese certificado específico.

Cuando el Ministerio de Salud otorgue ese certificado de uso de la tierra, debe notificar a la municipalidad correspondiente para que la municipalidad pueda iniciar el trámite local que corresponda (por ejemplo, la licencia municipal). Ese paso vincula la autorización nacional con el procedimiento municipal que sigue a continuación, de modo que no se suprime por completo el trámite local sino que la autorización inicial provendría del Ministerio.

El proyecto amplía la rectoría técnica del Ministerio de Salud sobre la disposición final de residuos: introduce poderes para que el Ministerio dicte directrices y reglamentos necesarios para esa actividad a nivel nacional. En la práctica, eso significa que el Estado tendría criterios técnicos únicos o nacionales para cómo deben funcionar instalaciones, procedimientos y condiciones relativas a la disposición final, y el Ministerio sería la entidad responsable de fijar esos criterios.

El proyecto mantiene las competencias municipales en materia de regulación local de la recolección y la separación en la fuente: las municipalidades podrán dictar reglamentos cantonales para la clasificación y la recolección selectiva de residuos, pero esos reglamentos deberán responder a los objetivos de la ley y su reglamento. En la práctica, la recolección domiciliaria y las reglas cantonales sobre separación seguirían bajo la responsabilidad municipal, siempre que armonicen con las normas nacionales que fije el Ministerio.

Dispone que el Ministerio de Salud y las municipalidades tendrán un período de doce meses para actualizar la normativa que se vea afectada por las modificaciones introducidas, y contiene una disposición que establece que la ley rige a partir de su publicación. En la práctica, tras la eventual publicación de la ley, las autoridades tendrían un año para ajustar reglamentos y procedimientos relacionados.

Quienes quieran instalar infraestructura de disposición final deberán tramitar el certificado de uso de la tierra ante el Ministerio de Salud; las municipalidades recibirán la notificación del Ministerio para iniciar sus propios trámites locales; el Ministerio debe preparar y publicar las directrices y reglamentos nacionales sobre disposición final; ambas instituciones deben coordinarse y actualizar normas dentro de 12 meses. El proyecto no suprime las normas municipales para la recolección selectiva, sino que las condiciona a los objetivos de la nueva ley.

La centralización de la emisión del certificado de uso de la tierra se aplica solo a actividades “relativas a la disposición final de residuos” tal como lo enuncia el articulado; las municipalidades conservan atribuciones locales (por ejemplo, reglamentos cantonales para recolección selectiva) siempre que respondan a los objetivos de la ley; la ley entraría en vigor desde su publicación y concede un plazo de doce meses para las actualizaciones normativas. El proyecto sigue siendo una iniciativa legislativa y su texto final puede cambiar durante el trámite en la Asamblea Legislativa.