Proyecto 24234: Ley para eficientizar el levantamiento de secreto bancario en las investigaciones penales

El proyecto propone cambiar las reglas procesales para acelerar y precisar cómo se solicita y decide el levantamiento del secreto bancario en investigaciones penales, con plazos y obligaciones concretas para jueces y entidades financieras; el proyecto está pendiente de aprobación.

El proyecto ordena plazos cortos para que los jueces resuelvan solicitudes sobre información bancaria: cuando una diligencia de secuestro, registro o examen se refiera a información bancaria, la decisión judicial debe dictarse en plazos perentorios (diez días naturales desde la presentación de la solicitud). Esto busca que las decisiones que afectan el acceso a datos bancarios no queden en espera por retrasos procesales.

En investigaciones por delincuencia organizada el texto establece que procederá el levantamiento del secreto bancario sobre imputados y personas (físicas o jurídicas) vinculadas a la investigación, y que la orden debe resolverse por el juez, a requerimiento del Ministerio Público, en diez días naturales. En la práctica esto significa que ante una investigación de este tipo y a petición del Ministerio Público el juez deberá decidir rápidamente sobre el acceso a la información bancaria.

El proyecto impone obligaciones directas a las entidades financieras cuando se inicia una investigación: obligará a las entidades o a las partes de un grupo financiero a resguardar toda la información, documentos, valores y dineros que puedan servir como prueba. Respecto de los fondos o valores, las entidades deberán, cuando proceda, congelarlos o depositarlos en el Banco Central de Costa Rica y además informar a las autoridades sobre las acciones realizadas. Estas medidas buscan preservar pruebas y evitar que los activos sean movidos antes de que la justicia actúe.

Nace desde que las entidades reciban un aviso formal de la existencia de una investigación o proceso penal o desde que ellas mismas interpongan la denuncia, y cesa cuando se notifique oficialmente la terminación del proceso, la desestimación, el archivo, el sobreseimiento o una sentencia absolutoria firme. Es decir, la carga de resguardar y comunicar se activa con la notificación formal y termina con la notificación oficial del cierre del procedimiento en cualquiera de las formas mencionadas.

Exige que se emitan mediante un auto fundado (una resolución motivada) y que, en lo posible, individualicen los documentos afectados, el nombre de la persona que los tiene y el lugar donde se encuentran; si durante una diligencia se secuestran documentos que no estaban incluidos en la orden deberán restituirse de inmediato, salvo que el juez los considere trascendentales, caso en el cual el juez debe ampliar la orden y justificar por qué se incorporaron esos documentos. Estas reglas limitan la amplitud de las diligencias y protegen la formalidad del proceso.

Cuando la investigación la realiza la Unidad de Análisis Financiero del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), el proyecto obliga a que esa Unidad informe al Ministerio Público sobre el proceso en desarrollo para que, en un plazo perentorio de cinco días naturales, el Ministerio Público valore si solicita al juez la medida cautelar correspondiente. De este modo el proyecto liga la actuación técnica de la Unidad con la decisión del Ministerio Público en plazos concretos.

La norma dispone que rige a partir de su publicación, por lo que las reglas y plazos comenzarían a aplicarse desde ese momento. El texto que aquí se explica corresponde a un proyecto de ley y aún requiere aprobarse en el trámite legislativo para convertirse en norma obligatoria.