Proyecto 24196: Acciones afirmativas a favor de las personas indígenas

El proyecto propone declarar de interés público y poner en marcha un conjunto de acciones afirmativas dirigidas a las personas indígenas en Costa Rica, ordenando al Estado y a sus entidades elaborar, implementar y divulgar medidas específicas en varios ámbitos. El texto está pendiente de aprobación y figura como expediente 24196 presentado en la Asamblea Legislativa.

El proyecto define “acción afirmativa” como las medidas que adoptará el Gobierno para dar un trato diferenciado a los pueblos indígenas y asegurar su acceso a empleo, educación, telecomunicaciones, salud y vivienda digna, respetando su estructura familiar y promoviendo la protección de su integridad y propiedad. En la práctica esto significa que las políticas deberán orientarse a facilitar el ejercicio de derechos básicos y la participación cultural de las comunidades indígenas.

En materia de empleo, el proyecto obliga a los entes y órganos públicos a reservar al menos el dos por ciento (2%) de los puestos de trabajo vacantes cada año para ser ocupados por personas indígenas, siempre que quienes se postulen cumplan, en igualdad de condiciones, los requisitos legales y constitucionales para el cargo. El texto exige que cuando se nombre a personas no indígenas en esas plazas se documente que el proceso de selección divulgó el porcentaje y que no hubo participación indígena o que quienes participaron no cumplieron los requisitos.

En educación, el proyecto establece que el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) destinará al menos un dos por ciento (2%) de los cupos en cada una de sus ofertas educativas a los pueblos indígenas y lo divulgará en su programación y sedes. El texto prevé que si esos cupos no son ocupados por personas indígenas, el INA podrá redistribuirlos entre el resto de la población oferente. Donde el articulado lo indica, estas medidas de empleo y educación se aplicarán por un plazo determinado.

El proyecto también obliga al Estado y a organismos públicos a diseñar y coordinar acciones afirmativas en cultura, deporte y recreación, salud intercultural, vivienda según la cosmovisión indígena, conectividad en zonas indígenas y programas para mujeres indígenas. Señala responsables concretos en varios casos: por ejemplo, el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) debe coordinar y medir anualmente los resultados de las acciones culturales, y el Instituto del Deporte y la Recreación (ICODER) asumirá la coordinación de las acciones deportivas y recreativas con respeto a costumbres y tradiciones.

En varios artículos se dispone que “esta medida se aplicará por un plazo de diez años, contado a partir de la entrada en vigencia de esta ley.” Asimismo el proyecto establece que las disposiciones rigen a partir de su publicación, por lo que la vigencia comenzaría con su publicación oficial si llegara a aprobarse.

Reconoce que, según censos y estudios citados, la población indígena representa aproximadamente el 2.4% de la población costarricense (104,143 personas en el censo 2011) y que hay brechas importantes en necesidades básicas y desarrollo —por ejemplo, se indica que el 70.1% de la población en territorios indígenas vive con necesidades básicas insatisfechas, frente al 24.6% a nivel nacional— como justificación de la necesidad de medidas específicas.

Quienes deben ejecutar estas medidas son el propio Estado y los entes públicos señalados en cada artículo (por ejemplo, INA, MCJ, ICODER, INAMU y otras dependencias competentes en salud, vivienda y telecomunicaciones). Las medidas tienen condiciones expresas en el articulado: algunas exigen que las personas indígenas cumplan los requisitos legales para un empleo; otras autorizan la redistribución de cupos no ocupados; varias están acotadas a un plazo de diez años. El proyecto está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa y, hasta que no sea publicado en la forma legal correspondiente, no entra en vigor.