Proyecto 24171: Proyecto para permitir y regular la venta y operación de centros de recarga eléctrica y exigir infraestructura en carreteras

El proyecto propone modificar las reglas sobre los centros de recarga de vehículos eléctricos para permitir que, además de las distribuidoras de electricidad, personas físicas o jurídicas (públicas o privadas) que sean abonadas de esas distribuidoras puedan desarrollar, operar y vender el servicio de recarga, siempre que cumplan normas técnicas de seguridad y calidad. El proyecto está presentado como expediente 24171 y es un proyecto de ley ordinario pendiente de aprobación en la Asamblea Legislativa.

El proyecto incorpora una autorización expresa para que terceros abonados a las distribuidoras puedan instalar y explotar puntos de recarga: les permite desarrollar, operar y vender el servicio de recarga, con la condición de ajustarse a las normas técnicas que el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) establezca por reglamento. Esa autorización abre la posibilidad de que comercios, empresas privadas u otras personas suscritas a una distribuidora ofrezcan servicio de carga pagando y cobrando por él.

Lo faculta para definir, por reglamento, las normas técnicas de seguridad y calidad que deben cumplirse y le impone la obligación de velar por la construcción y el funcionamiento de los centros de recarga según lo que establezca la ley. Además, en una disposición transitoria se obliga al MINAE a actualizar el reglamento de construcción y funcionamiento de la red de centros de recarga en un plazo no mayor a seis (6) meses contados desde la entrada en vigencia de la ley propuesta.

De acuerdo con el texto, y “de conformidad con los estándares internacionales”, las distribuidoras deberán construir y poner en funcionamiento al menos un centro de recarga cada ochenta kilómetros (80km) en carreteras nacionales y, en caminos cantonales, al menos un centro de recarga cada ciento veinte kilómetros (120km). Estas distancias son las mínimas señaladas en el artículo para la ubicación de la infraestructura obligatoria.

Sobre la venta del servicio de recarga, el proyecto establece que tanto las distribuidoras con concesión de servicio público como las personas físicas o jurídicas abonadas podrán vender el servicio de recarga en los centros. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) queda encargada de definir la tarifa de venta del servicio en esos centros de recarga, es decir, quién fija el precio será Aresep según el texto propuesto.

La norma propuesta incluye una disposición transitoria sobre el reglamento y dispone que la ley rige a partir de su publicación. En términos procesales, el documento figura registrado como expediente 24171 y sigue el trámite legislativo en la Asamblea; por tanto, sus reglas aún no son obligatorias hasta que el proyecto sea aprobado y publicado como ley.

Pendiente de aprobación.