Proyecto 24170: obliga a operadores y proveedores de telecomunicaciones a entregar registros a autoridades judiciales

El proyecto propone obligar a los operadores de redes y a los proveedores de servicios de telecomunicaciones disponibles al público a facilitar a las autoridades judiciales el acceso a registros e información de comunicaciones cuando sean requeridos por dichas autoridades. La iniciativa modifica la Ley General de Telecomunicaciones (N.º 8642) para establecer esa obligación en el ordenamiento, y está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

El proyecto obliga concretamente a que los operadores y proveedores "cumplir con celeridad las órdenes judiciales que le sean notificadas"; es decir, cuando una autoridad judicial ordene la entrega de datos o registros vinculados a una investigación, el operador debe atender esa orden con rapidez. Esa obligación aparece en el articulado que añade un inciso referido al deber de acatar las órdenes judiciales.

El Ministerio Público podrá solicitar a los operadores datos de tráfico (nacional e internacional), registros, localización y geolocalización, direcciones IP y demás datos relacionados con usuarios y servicios. El texto afirma expresamente que esos datos "podrán ser solicitados en tiempo real", lo que implica la posibilidad de requerir información inmediata sobre comunicaciones en curso o sus metadatos cuando la investigación lo justifique.

Los operadores y proveedores deberán almacenar la información en sus servidores por un plazo de tres años desde la fecha en que se generaron esos datos. Si un operador o proveedor no cuenta con la tecnología necesaria para suministrar la información en los términos solicitados, se le concede un plazo de un año para adecuar sus sistemas informáticos y poder entregar los datos.

El proyecto autoriza además que el Ministerio Público delegue la solicitud de datos en cuerpos de policía de investigación, con la condición de que la delegación se haga "mientras se mantenga una supervisión de las solicitudes"; el texto no desarrolla en detalle cómo será esa supervisión, por lo que los procedimientos operativos exactos quedan por definirse reglamentariamente o por normas complementarias.

La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) queda encargada de velar por el cumplimiento de estas obligaciones por parte de los operadores y proveedores y de dictar lo que reglamentariamente sea necesario para su efectivo cumplimiento. El proyecto expresa que Sutel podrá realizar modificaciones reglamentarias si se requieren para implementar lo dispuesto.

Como respuesta organizativa, el proyecto crea una comisión interinstitucional coordinada desde el Ministerio Público e integrada por representantes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), de Sutel y de los distintos operadores y proveedores. Esa comisión tendrá por objeto discutir las situaciones tecnológicas y proponer mejoras procedimentales y normativas que agilicen las investigaciones penales; el texto indica que la comisión deberá reunirse al menos dos veces al año.

En materia sancionatoria, el proyecto incorpora una disposición que califica como infracción (de las consideradas muy graves) el incumplimiento del nuevo deber de atender con celeridad las órdenes judiciales, de modo que la negativa o el retraso injustificado en entregar la información requerida puede ser sancionable en el régimen de infracciones de telecomunicaciones.

El expediente registrado es el número 24170; el proyecto fue presentado el 2024-02-13 y publicado el 2024-03-07. El trámite legislativo continúa en comisiones y en el Plenario con fechas previstas para debates, mociones e informes hasta 2026. Mientras no sea aprobado y publicado como ley, las medidas propuestas no tienen efecto obligatorio; por tanto, la norma está pendiente de aprobación y su puesta en práctica dependerá de su sanción y eventual reglamentación.