Proyecto 24168: cambios propuestos a la ley de armas y explosivos para fortalecer a las fuerzas policiales

El proyecto propone cambiar la Ley N.° 7530 (Ley de Armas y Explosivos) con el propósito declarado de fortalecer a las fuerzas policiales y actualizar las normas sobre armas y municiones a las «tendencias de la actualidad». La iniciativa está presentada como un proyecto de ley ordinario y permanece en trámite legislativo; su expediente es el 24168 y la proponente es la diputada María Marta Carballo Arce.

El proyecto propone establecer obligaciones de registro y pago para armas y para cada «carga de munición» que se importe o que se posea, y fija montos específicos que deberán pagarse al Departamento de Control de Armas y Explosivos. En el articulado se indica que las personas físicas podrán inscribir un número limitado de armas (se igualan en 2 para defensa y 2 para recreación/deporte/caza) y que deberán aportar un pago de diez mil colones (¢ 10 000,00) por arma a inscribir y de cinco mil colones (¢ 5 000,00) por carga de munición a registrar. Las inscripciones se darían por un plazo y podrán prorrogarse según la ley y su reglamento.

Cualquier poseedor de armas inscritas podrá pedir permiso para importar hasta quinientos tiros al año, y cada carga de munición importada deberá registrarse y pagar 5 mil colones; el texto dispone que esos montos serán destinados “en su totalidad al presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública para inversión de capital, capacitación policial y actividades de prevención del delito”. En los mismos términos se regula el ingreso de armas y tiros por turistas o extranjeros: hasta 500 tiros como parte del equipaje y hasta 2 armas para competencias deportivas o fines cinegéticos, siempre con registro y aviso a las autoridades.

Plantea que la totalidad de los funcionarios policiales podrán usar las armas que enumera el inciso a) del artículo 25 sin requerir permisos especiales del Poder Ejecutivo; para el uso de las demás armas prohibidas del numeral 25 se seguiría necesitando un permiso especial del Poder Ejecutivo fundado en criterios técnicos.

Tipifica sanciones por tenencia de munición sin registro —establece la sanción «correspondiente a tres salarios base de un Oficinista 1 del Poder Judicial» y, en reincidencia, pena de 1 a 5 años de prisión—; prohíbe importar o vender armas o munición de mala calidad y sanciona con pena privativa de libertad de uno a cinco años a quienes comercien tales armas o municiones; y fija multas y penas por incumplir plazos de registro y traspasos, que en casos de reincidencia pueden derivar en prisión.

Las armas y municiones permitidas inscritas o registradas que caigan en comiso por delito o por violencia doméstica podrán ser remitidas al Arsenal Nacional y, según el informe, la Dirección podrá destinar esas armas o munición para uso del Organismo de Investigación Judicial o de cuerpos policiales administrativos del Poder Ejecutivo.

Dispone que ciertas sanciones señaladas en diversos numerales entrarán a regir seis meses después de la entrada en vigencia de la ley, y que el Poder Ejecutivo tendrá 3 meses desde su publicación para reglamentarla. Queda en claro que se trata de un proyecto pendiente de aprobación y su texto define requisitos, montos, plazos y sanciones que solo tendrían efecto si la norma se aprueba y entra en vigor según los plazos transitorios indicados.