Proyecto 24158: Ley para prevenir el secretismo salarial

El proyecto propone reformar el Código de Trabajo para prevenir el “secretismo salarial” y proteger a las personas trabajadoras que compartan, denuncien o soliciten información sobre salarios. El proyecto está pendiente de aprobación. Las modificaciones principales obligan a ciertos empleadores a entregar informes semestrales al Ministerio de Trabajo, prohíben sanciones o despidos por hablar del salario o denunciar desigualdad salarial y establecen sanciones y medidas de reparación cuando se detecte discriminación remunerativa por género.

Los empleadores que determine el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mediante resolución motivada, deberán elaborar un informe semestral y enviarlo en los meses de enero y junio a la Dirección Nacional de Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social. El texto especifica que el informe deberá contener, entre otros datos, los egresos totales por salarios del semestre anterior y, para cada persona trabajadora, nombre y apellidos, número de cédula o documento de identificación, edad, nacionalidad, ocupación o puesto, tiempo trabajado en el periodo y el salario que individualmente se pagó; también exige la distribución salarial entre mujeres y hombres por área y puesto de trabajo incluyendo aumentos, bonificaciones, salarios extraordinarios e incentivos.

El Ministerio podrá definir y actualizar periódicamente los sectores, subsectores o grupos de empleadores obligados a informar. La obligación de reportar podrá delimitarse por rama de actividad, tamaño de empresas, categorías de trabajadores, región geográfica u otros criterios técnicos que se estimen necesarios. Si el empleador no presenta el informe o lo presenta tarde, el proyecto establece la sanción indicada en el inciso 1) del artículo 398 del Código de Trabajo; si el informe contiene información falsa o alterada, la Dirección de Inspección debe remitir la denuncia al Ministerio Público para investigar la posible falsificación de documentos privados conforme al artículo 368 del Código Penal.

El proyecto añade un inciso al artículo 70 y crea un artículo 406 bis (y reforma el artículo 406) para proteger a las personas trabajadoras que compartan información salarial o denuncien desigualdad. El nuevo inciso del artículo 70 y la reforma al artículo 406 prohíben que los empleadores despidan, sancionen, amenacen u ocasionen un perjuicio injustificado contra las personas trabajadoras por las razones que enumera el artículo 406 bis. En el artículo 406 bis se indica expresamente que las personas empleadoras no podrán despedir, sancionar, amenazar u ocasionar un perjuicio injustificado contra las personas trabajadoras que a) brinden información a otras personas sobre sus condiciones de trabajo o sobre el salario que devengan, y b) realicen una denuncia por desigualdad salarial injustificada entre personas que ostenten el mismo cargo en iguales condiciones.

Si se comprueba discriminación remunerativa basada en género contra una o más personas trabajadoras, el proyecto dispone que el patrono será sancionado con la multa prevista en el inciso 3) del artículo 398 del Código de Trabajo y además deberá compensar a las personas discriminadas con la diferencia remunerativa dejada de percibir durante la totalidad del periodo en que se dio esa discriminación. La información y los procedimientos de control deberán respetar las reglas de protección de datos personales establecidas en la Ley N°8968, de 7 de julio de 2011.

En cuanto a vigencia y aplicación práctica, el proyecto indica que la norma rige a partir de su publicación si llega a aprobarse. Quedan establecidos como responsables de recibir y revisar los informes la Dirección Nacional de Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social y, para efectos de definición de quiénes deben informar, el propio Ministerio mediante resolución motivada. Estas son las decisiones, obligaciones, excepciones y sanciones que el texto propone; su entrada en vigor y aplicación efectiva dependen de que el proyecto sea aprobado en el trámite legislativo pendiente.