Proyecto de ley 24134: destinar un dólar de la tasa de salida para fortalecer la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME) — pendiente de aprobación

El proyecto propone reformar varias leyes (la Ley General de Migración y Extranjería No 8764, la Ley No 9095 contra la trata de personas y la Ley No 8316 reguladora de los derechos de salida) para crear un mecanismo de financiamiento que fortalezca a la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME). El texto es un proyecto de ley y está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa. El objetivo declarado es dotar de recursos financieros a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y, en particular, a la PPME, para mejorar su capacidad operativa en la prevención, investigación y combate del tráfico ilícito de migrantes y de la trata de personas.

El mecanismo de financiamiento que propone el proyecto es cobrar la suma de un dólar estadounidense (US$ 1.00) relacionada con el impuesto o derecho de salida y transferir ese monto a la DGME. El proyecto indica que el Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Hacienda, girará a la Dirección General de Migración y Extranjería el equivalente a un dólar por cada persona que haya cancelado los derechos de salida del territorio costarricense y haya egresado por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Esa transferencia es el recurso nuevo que se propone destinar al fortalecimiento de la PPME.

Quedan “única y exclusivamente” para financiar gastos administrativos y operativos relacionados con la prevención, investigación, persecución y detección del delito de trata de personas, así como para “el fortalecimiento de las funciones de prevención y represión que realice la policía profesional de migración” y para la atención integral, protección y reintegración social de las víctimas acreditadas. Además fija un límite: para gastos administrativos no podrá destinarse más de un veinte por ciento (20%) de los recursos recaudados.

El texto describe usos concretos de esos recursos que incluyen la contratación de personal, infraestructura y la compra y mantenimiento de equipo policial. Sin embargo, el proyecto también contiene una prohibición explícita que limita ciertas aplicaciones: dice que dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país, ni para servicios de gestión y apoyo. Ante la coexistencia de la autorización para “contratación de personal” y la prohibición de pagar remuneraciones con esos mismos fondos, el proyecto no aclara en el texto cómo se financiarán los sueldos o pagos asociados a plazas nuevas; esa es una aparente ambigüedad que el propio texto no resuelve.

En la práctica reforma el artículo 53 de la Ley No 9095 (la ley contra la trata) y adiciona un artículo 53 bis; además propone reformas a la Ley No 8764 (Ley General de Migración y Extranjería) y ordena derogar el Transitorio III de la Ley No 8316 (la que regula los derechos de salida). Esos cambios legales son los que fijan el destino del recaudo (el dólar por salida) y las reglas de uso y límites señalados en los artículos del proyecto.

El cobro del dólar se aplica por persona que pague el derecho de salida y salga por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría; por eso los responsables del giro son el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Hacienda, que deben transferir el monto equivalente a la DGME. Los beneficiarios directos anunciados son la Dirección General de Migración y Extranjería y, en particular, la Policía Profesional de Migración, que recibirían recursos para sus funciones de control migratorio y combate de delitos relacionados con migrantes y trata de personas. El proyecto también menciona que los fondos deberán usarse para atención de víctimas acreditadas y combate del tráfico ilícito de migrantes.

El proyecto indica que “rige a partir de su publicación” si se convierte en ley. En el expediente público consta que se trata de un procedimiento identificado como proyecto de ley ordinario (expediente 24134) y que el trámite sigue pasos en comisión y en el Plenario; mientras no se apruebe y publique, las medidas propuestas no son ley y permanecen como iniciativa pendiente de decisión legislativa.