Proyecto de ley 24114: Ley contra la violencia vicaria

El proyecto propone crear una Ley contra la violencia vicaria que tipifica y sanciona como delito la conducta de una persona que, por acción u omisión y desde una relación sentimental con una mujer, causa daño a terceras personas (hijos, hijas, ascendientes, parientes, mascotas o bienes) con el objetivo de herir, controlar o destruir a la mujer; la iniciativa está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa. El propio texto define la violencia vicaria como “acción u omisión cometida por parte de quien mantenga o mantuvo una relación de matrimonio, de unión de hecho o alguna relación sentimental con la mujer… cuyo objetivo sea causar un daño emocional, psicológico o patrimonial a la mujer” y presenta la ley como respuesta a un tipo de violencia que el proyecto describe como “una forma de tortura permanente”. Está previsto que la norma entre en trámite legislativo y que, si se aprueba, el Poder Ejecutivo la reglamente en un plazo no mayor a seis meses. (Pendiente de aprobación).

Introduce un capítulo específico (Capítulo V) con penas altas cuando la violencia vicaria cause resultados especialmente graves. Por ejemplo, el artículo 41 dispone que “Se impondrá pena de prisión de veinte a treinta y cinco años, a quien dé muerte a un descendiente, ascendente, pariente colateral…”, y el artículo 42 dispone penas de “tres a quince años” para quien por cualquier medio golpee, maltrate física, psicológica o emocionalmente a un descendiente, ascendente o pariente similar. Además, el texto dispone en el artículo 10 que “El juez no podrá optar por penas alternativas en aquellos casos donde el delito derive de violencia vicaria”, de modo que, según el proyecto, cuando el delito derive de violencia vicaria la pena de prisión no debería reemplazarse por medidas alternativas.

El proyecto incorpora medidas de protección y facultades procesales para casos de violencia vicaria y violencia doméstica. En el artículo 3 se lista una serie de medidas de protección que la autoridad competente podrá ordenar; entre ellas figura la potestad de “ordenar el allanamiento del domicilio, pudiendo procederse a cualquier hora cuando, por violencia doméstica o violencia vicaria, se arriesgue gravemente la integridad física, sexual, patrimonial o psicológica de cualquiera de sus habitantes permanentes” y la prohibición de que la presunta persona agresora “agrede, perturbe o intimide a cualquier integrante del grupo familiar de la presunta víctima”. El proyecto prevé también cooperación de la policía administrativa y de la policía judicial para aplicar esas medidas.

El proyecto prevé consecuencias administrativas y de control de armas, y asigna responsabilidades institucionales para políticas y planes: incorpora un artículo (20 bis) que faculta al Estado a cancelar permisos de portación e inscripción de armas cuando se confirme que hubo violencia vicaria o violencia doméstica, y manda remitir las armas al registro competente; y el artículo 22 encarga al Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), como secretaría técnica del sistema referido, a desarrollar “un plan nacional” que coordine instituciones y servicios para víctimas de violencia de género, doméstica y vicaria. El texto también reforma normas penales, de familia y la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres para incorporar la figura y sus consecuencias.

En materia de derecho de familia, la iniciativa propone cambios para que la violencia vicaria sea causa de pérdida o suspensión de atribuciones parentales y de patria potestad. El artículo 7 modifica el artículo 158 del Código de Familia para que la patria potestad termine, entre otras causas, “mediante resolución judicial en firme que determine un caso de violencia vicaria”; en el mismo sentido se prevén reformas al artículo 159 para la suspensión de atributos de la responsabilidad parental por violencia vicaria contra menores o sus familiares.

El proyecto fue presentado el 11 de enero de 2024 (expediente 24114), pasó por comisiones y plenario según el cronograma que aparece en el expediente y, si se aprueba, la norma ordena su reglamentación por el Poder Ejecutivo en un plazo no mayor a seis meses. La propuesta introduce sanciones penales fuertes, medidas de protección judicial y administrativas (incluida la cancelación de permisos de armas) y reformas a leyes penales y de familia; todas estas disposiciones son propuestas en el proyecto y no están vigentes hasta que la Asamblea Legislativa las convierta en ley y, cuando corresponda, el Poder Ejecutivo las reglamente.