Proyecto 24099: reforma de los artículos 67 y 77 de la Ley 9986 (contratación pública)

El proyecto propone cambiar dos artículos de la Ley General de Contratación Pública (Ley 9986) para regular con más detalle cuándo y cómo la Administración pública puede comprar o arrendar inmuebles sin seguir los procedimientos ordinarios y para exigir autorizaciones cuando se utilice la figura de arrendamiento financiero. El proyecto está pendiente de aprobación.

El proyecto modifica el artículo 67 para establecer que la Administración podrá comprar y tomar en arrendamiento bienes inmuebles "sin emplear procedimientos ordinarios" pero solo si cumple una serie de requisitos previos. En el texto propuesto se obliga a que, en todos los casos, exista un conjunto mínimo de documentos y estudios que justifiquen la opción de compra o arrendamiento sin concurso público. El articulado exige, entre otros elementos, un estudio que demuestre que la opción seleccionada es la más rentable y viable, un avalúo oficial del valor del bien o del precio del arrendamiento y un estudio de mercado que pruebe la idoneidad del inmueble.

El proyecto exige además que exista un acto motivado del máximo jerarca de la entidad (o de quien delegue) que resuelva usar este procedimiento excepcional, y que ese acto tenga como fundamento los documentos y estudios antes mencionados. Si no se cumplen esos requisitos, el texto establece que deberá promoverse el procedimiento de contratación que corresponda según monto (es decir, no procede usar la excepción). El artículo también indica que, para arrendamientos, aplican normas sobre arrendamientos urbanos y reglas para el ajuste de renta, según corresponda.

La calificación contable debe hacerse conforme a normas y principios contables gubernamentales, y si la estructura del contrato se determina como un arrendamiento financiero, aplicará lo dispuesto en el artículo 77 reformado (es decir, se obligan requisitos adicionales cuando la operación tiene la naturaleza de endeudamiento público).

En relación con el artículo 77, el proyecto define el "contrato de arrendamiento financiero" como una contratación de financiación en la que se transfieren sustancialmente los riesgos y beneficios de la propiedad del activo y la Administración (arrendataria) paga una contraprestación periódica; esa modalidad incluye una opción de compra. El proyecto obliga a que, para utilizar esta figura, la Administración obtenga las autorizaciones y demás requisitos previstos en el ordenamiento jurídico aplicable, lo que vincula su uso con reglas sobre endeudamiento y autorizaciones sectoriales.

El texto de la exposición y las partes que citan voces de organismos (por ejemplo del Banco Central) reflejan la preocupación por que el arrendamiento financiero sea tratado como una operación que puede implicar endeudamiento público y, por tanto, que requiera las autorizaciones y controles que correspondan antes de su contratación; el proyecto incorpora esa exigencia de autorizaciones en el propio artículo 77.

El proyecto incluye una disposición de vigencia que dice que la reforma rige a partir de su publicación, por lo que, de aprobarse tal como está, las reglas expuestas entrarían en vigor desde el momento de su publicación. Como es un proyecto de ley, su texto aún no es ley y debe seguir los trámites legislativos hasta su eventual aprobación.