Proyecto 24070: Proyecto que reforma la Ley N.º 7530 para sancionar la tenencia y portación ilegal de armas permitidas

El proyecto propone reformar los artículos 7, 88, 88 bis y 88 ter de la Ley N.° 7530 (Ley de Armas y Explosivos) para tipificar y endurecer sanciones por la tenencia y la portación ilegal de armas permitidas, añadir agravantes y obligar a los titulares a reportar pérdida, extravío o sustracción. El proyecto está pendiente de aprobación.

El texto modifica quiénes no pueden portar o tener armas (Artículo 7). Establece que no podrán portar o tener armas de fuego las personas condenadas con penas privativas de libertad; quienes tengan sentencia firme por delitos contra la libertad, contra la autoridad pública, delitos sexuales, infracciones a la ley de estupefacientes, crimen organizado o cualquier delito cometido con arma o donde medie la violencia; las personas menores de dieciocho años (con una excepción limitada para mayores de catorce años en uso deportivo con autorización y en lugares autorizados, acompañados de su representante legal); las personas con impedimento mental o físico certificado por autoridad médica; y las personas con antecedentes por listas concretas de delitos (por ejemplo, delitos contra la propiedad, delitos contemplados en la Ley N.º 8589, delitos contra la vida, delitos contra la libertad, infracciones previstas en la Ley N.º 8204 y agresión con armas). También se incluye a quienes tengan medidas de protección por violencia doméstica.

El proyecto crea y define el delito de tenencia ilegal de armas permitidas (Artículo 88). Sanciona con pena privativa de libertad de tres hasta cinco años a quien tenga en su posesión, de forma ilegítima, un arma de fuego permitida que no esté debidamente inscrita a su nombre o a nombre de una persona jurídica que le autorice. La pena se agrava hasta en un tercio si la persona posee un arma inscrita a nombre de un tercero y que haya sido reportada como extraviada o sustraída; y la pena puede agravarse hasta en un medio si se comprueba que el arma fue objeto de receptación, conforme al Código Penal.

El proyecto tipifica la portación ilegal de armas permitidas y sus excepciones (Artículo 88 bis). Sanciona con pena privativa de libertad de dos a cuatro años a quien porte un arma de fuego permitida inscrita a su nombre sin el permiso de portación del Departamento de Control de Armas y Explosivos. La pena se puede agravar hasta en un tercio en casos en que el arma esté inscrita a nombre de un tercero, haya sido reportada como extraviada o sustraída, sea objeto de receptación, no esté inscrita o la portación ocurra dentro de supuestos de delincuencia organizada o asociación ilícita. Si la persona porta un arma inscrita cuyo permiso está vencido, no se aplican las penas de prisión sino una multa de un salario base según la Ley N.° 7337; en caso de reincidencia dentro de seis meses la multa se duplicará.

El proyecto impone obligaciones de denuncia y reporte a los titulares de armas y sanciones por omisión (Artículo 88 ter). Todo titular, persona física o jurídica, debe denunciar ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y ante el Departamento de Control de Armas y Explosivos las sustracciones de armas; debe reportar al Departamento la pérdida o el extravío de sus armas; y debe hacerlo en un plazo perentorio de cinco días hábiles desde que tuvo conocimiento del hecho. Si se recupera el bien, también debe reportarse. La omisión de denunciar o reportar la pérdida, el extravío o la sustracción se sanciona con sesenta días multa y genera la cancelación del permiso de portación si el arma es decomisada a un tercero sin haber sido reportada. Si el arma es decomisada a un menor y no fue reportada, la multa es de ciento veinte días multa y también se cancela la inscripción y el permiso de portación. Si se determina que el propietario registral facilitó el arma a un menor, se impondrá pena de prisión de cuatro años al propietario; si la facilitación fue con la finalidad de cometer un ilícito o en el marco de actividades ligadas al crimen organizado, la pena aumentará hasta en un tercio.

El proyecto incluye los antecedentes y datos estadísticos que justifican la iniciativa en la exposición de motivos, sin que esos antecedentes por sí solos conviertan la propuesta en norma. Entre los datos consignados se indica que a la fecha del 30 de noviembre de 2023 se habían presentado 836 homicidios y que, según proyecciones del OIJ, se esperaba cerrar el año con más de 900 homicidios; que hubo un aumento del 27.43% respecto al periodo 2022; que el 72% de los homicidios en la estadística fueron realizados con arma de fuego; que solo en 2022 se decomisaron alrededor de 350 armas prohibidas y 1 750 armas permitidas que se tenían o portaban de manera ilegal; que en total fueron más de 2 000 armas decomisadas por la Fuerza Pública en 2022; y que, al 31 de octubre de 2023, la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal reportó 2 022 armas decomisadas (1 035 pistolas, 81 escopetas y 86 armas automática militares), lo que representó, según el texto, un aumento del 15% respecto a 2022. Estos datos se atribuyen al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y a las estadísticas citadas en la exposición de motivos.

“Rige a partir de su publicación.”

La propuesta está presentada por el diputado Gilberth Jiménez Siles y, según el expediente 24070, figura con trámites en la Asamblea Legislativa (comisión de Seguridad y Narcotráfico y varios actos en Plenario). El proyecto, tal como se explica en el texto, busca clarificar tipos penales, aumentar sanciones en algunos casos y establecer agravantes y obligaciones para los titulares de armas; sin embargo, estas modificaciones aún no están vigentes: su aprobación requiere los trámites formales del legislar y, hasta la promulgación y publicación correspondientes, siguen siendo una iniciativa pendiente de aprobación.