Proyecto que autoriza el uso de cámaras corporales (bodycams) y vehiculares (dashcams) por los cuerpos de policía a cargo del Ministerio de Seguridad Pública (expediente 24016)

El proyecto propone autorizar el uso de cámaras corporales (bodycams) y vehiculares (dashcams) por los cuerpos de policía a cargo del Ministerio de Seguridad Pública y modificar artículos de la Ley General de Policía (Ley 7410). Está pendiente de aprobación y sigue su trámite en la Asamblea Legislativa; su expediente es el 24016.

El alcance formal del proyecto es nacional y la redacción oficial lo presenta como "AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE CÁMARAS CORPORALES Y VEHICULARES EN LOS CUERPOS DE POLICÍA A CARGO DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA", además de prever modificaciones a artículos de la Ley 7410 para incorporar nuevas atribuciones y normas sobre estas tecnologías.

El proyecto declara que su propósito es respaldar la labor policial y promover herramientas para mejorar la seguridad pública y respetar los derechos humanos, en particular mediante la implementación de cámaras corporales y vehiculares. Señala expresamente que el uso y la custodia de la información que generen estas cámaras debe ajustarse a la normativa vigente sobre protección de datos personales (ley Nº 8968) y a las disposiciones que la regulen.

Las bodycams (cámaras corporales) son aparatos de grabación de audio y video sujetos a la ropa del agente, generalmente en el torso; las dashcams (cámaras vehiculares) son las instaladas en el interior de vehículos policiales para registrar la actividad de patrullaje.

Sobre autorización y límites operativos, el proyecto permite que los cuerpos policiales usen dashcams y bodycams en vías y lugares públicos y también en recintos privados cuando se realice "una operación policial debidamente autorizada". El proyecto precisa que el personal administrativo que no esté directamente involucrado en operaciones policiales no estará obligado a portar estos dispositivos, salvo en situaciones excepcionales autorizadas por el MSP.

Respecto al tratamiento de los datos (grabaciones), el proyecto ordena que todas las grabaciones deben ser respaldadas y almacenadas de forma segura en servidores designados por el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y conservadas durante el plazo que fije el reglamento; después de ese plazo las grabaciones deberán eliminarse. Indica que las grabaciones sólo podrán usarse con fines legítimos —por ejemplo como material probatorio en procesos judiciales o administrativos, o para revisión interna y capacitación— y que el acceso a las grabaciones estará restringido al personal autorizado, con posibilidad de cesión a autoridades judiciales competentes.

El incumplimiento de las disposiciones del proyecto en materia de uso y manejo de las cámaras dará lugar al inicio de un procedimiento administrativo disciplinario conforme a la normativa interna del MSP.

El Ministerio de Seguridad Pública deberá reglamentar la ley en un plazo improrrogable de seis meses; y, en un plazo improrrogable de doce meses contados a partir de la publicación, el Ministerio deberá diseñar un programa con su respectivo protocolo para la efectiva implementación de las bodycams y dashcams en los cuerpos policiales, incluyendo cronograma, presupuesto, usos y tratamiento de datos, centro de monitoreo, obligaciones y medidas de capacitación.

Como consecuencia normativa, el proyecto incorpora cambios a la Ley General de Policía (Ley 7410), añadiendo atribuciones al artículo 8 para que la Fuerza Pública pueda adquirir, gestionar y operar el equipo tecnológico necesario para grabar con audio y video las operaciones policiales, y prevé ajustes a otros artículos relacionados con uniformes y vehículos cuando corresponda.

Concretamente, en las unidades donde se implemente la tecnología las bodycams podrán ser consideradas parte del uniforme; asimismo se establece que los vehículos que la Fuerza Pública adquiera y opere deberán ser del color azul o blanco, según lo señala el texto.

El proyecto, tal como figura en el expediente 24016, está en trámite dentro de la Asamblea Legislativa y requiere las etapas de comisión, redacción y debates que marca el calendario procesal antes de su eventual publicación como ley. Está pendiente de aprobación final y entrada en vigor conforme a lo que determinen los trámites y las reglas de implementación que el propio proyecto encarga al MSP.