Proyecto 24007: Cambios a la ley de control interno, al Código Municipal y a la ley orgánica de la Contraloría para definir y fortalecer las auditorías internas y su relación con la administración activa

El proyecto propone reformar artículos de la Ley General de Control Interno (Ley 8292), del Código Municipal (Ley 7754) y de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (Ley 7428) para reconocer y delimitar la naturaleza asesora de las auditorías internas, precisar sus competencias, garantizar su independencia funcional y regular aspectos operativos como el plan de trabajo, la jornada laboral y la relación con la Contraloría. El proyecto está pendiente de aprobación.

El proyecto modifica varios artículos concretos de la Ley N.º 8292, indica cambios en el Código Municipal y en la Ley Orgánica de la Contraloría. El texto anuncia expresamente que se “Se reforman los artículos 5, incisos b) f) y g) del artículo 22, 25, 30, 34, 36 y 37 de la Ley 8292”, además incluye reformas al Código Municipal y a la Ley Orgánica de la Contraloría, por lo que las reglas tanto sobre el rol de la auditoría interna como sobre la supervisión externa quedan afectadas si la iniciativa avanza.

El proyecto busca que las recomendaciones y medidas que proponga la auditoría interna se vinculen al Plan de Trabajo vigente y a las medidas de control interno señaladas en la ley. En la redacción propuesta las medidas correctivas “deberán referir a objetivos del Plan de Trabajo vigente y a las medidas de control interno señaladas en esta ley”, y el plan de trabajo deberá prepararse conforme a los lineamientos de la Contraloría y estar disponible para consulta pública en los sistemas de la Contraloría al registrarlo.

En materia de independencia y funciones, el proyecto reafirma la condición de que la auditoría interna posee “independencia funcional y criterio independiente” frente al jerarca y a otros órganos de la administración activa, y delimita su función como órgano de naturaleza asesora. En la exposición se señala que el proyecto “pretende validar la naturaleza asesora de la auditoría interna y su relación con la administración activa”, es decir, busca dejar por escrito la función consultiva/asesora de la auditoría sin que eso le permita suplantar decisiones administrativas.

Establece que la jornada del auditor y del subauditor interno “será de tiempo completo” y que, en casos muy calificados, la jornada podrá reducirse pero “no podrá ser inferior a medio tiempo”. Como excepción para municipios pequeños, las municipalidades cuyo presupuesto ordinario sea igual o inferior a doscientos millones de colones (¢200.000.000,00) podrán contratar al auditor y al subauditor internos únicamente por medio tiempo sin autorización de la Contraloría.

En lo que atañe a los gobiernos locales, el proyecto ordena que la Contraloría clasifique a las municipalidades por tamaño y exige que cada municipalidad cuente con unidad o departamento financiero; además, “aquellas con ingresos superiores a cien millones de colones deberán tener además un auditor”. Las municipalidades de menor tamaño “no están obligadas a contar con una auditoría interna”, pero deberán procurar la observancia de las características del Sistema de Control Interno definidas en la normativa nacional.

Sobre la potestad de la Contraloría y el control externo, el proyecto establece que la Contraloría General de la República, como ente rector del control y fiscalización superior, “fiscalizará que la auditoría interna de los entes y órganos sujetos a su competencia institucional cumplan adecuadamente las funciones que le señala el ordenamiento jurídico que la regula”; además, dispone que el resultado de esas fiscalizaciones se informe directamente al jerarca y al auditor interno, quienes deberán tomar las medidas necesarias o plantear su oposición “dentro de un plazo máximo de quince días hábiles”.

Respecto a plazos y procedimiento legislativo, el expediente es el 24007, lo presentó el diputado Horacio Alvarado Bogantes y su tramitación está registrada desde la presentación el 2023-10-26 hasta las etapas posteriores descritas en el expediente (asignación a comisión, dictamen y etapas previstas para debates y votaciones). El proyecto tiene un vencimiento cuatrienal marcado para 2027-10-26 y, según el expediente, las etapas posteriores incluyen la planificación de fiscalizaciones y la eventual publicación si el trámite se completa.

Quedan pendientes detalles que la exposición y el articulado muestran pero que requieren la lectura completa del texto final aprobado: el proyecto describe obligaciones, plazos y excepciones (por ejemplo el tratamiento de municipalidades pequeñas, la posibilidad de reducir jornada en casos justificados y las facultades de la Contraloría), pero hasta que no exista la ley aprobada esos cambios son propuestas. El proyecto, por tanto, establece reglas y límites propuestos que afectarían a auditores internos, jerarcas, municipios y la Contraloría si se convierten en norma.