Ley de reconocimiento de pueblo tribal a la población afrocostarricense (Proyecto 24001)

El proyecto propone reconocer oficialmente a la "población afrocostarricense" como pueblo tribal y establecer un marco legal para proteger sus derechos colectivos, sus territorios ancestrales, su autodeterminación y su participación en decisiones que afecten sus vidas; el texto está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

Las personas de ascendencia africana que habitan o mantienen vínculos ancestrales con los territorios tradicionales de ese pueblo. El reconocimiento incluye el compromiso del Estado de garantizar y respetar el derecho del pueblo tribal afrocostarricense a su autodeterminación, entendido como el derecho a desarrollar libremente su identidad social y cultural, así como a conservar, proteger y participar en decisiones sobre su patrimonio cultural, prácticas y ceremonias.

El proyecto declara la ley y sus reglamentos de "interés público" y dispone que el Estado garantizará la implementación efectiva de la norma y tomará medidas para asegurar su cumplimiento y difusión; además faculta a las autoridades del Poder Ejecutivo a dictar las disposiciones necesarias para su puesta en marcha y establece que el incumplimiento será sancionado de acuerdo con las leyes y reglamentos correspondientes.

El texto identifica y describe territorios ancestrales de la tradición afrocostarricense y menciona regiones y comunidades históricas de asentamiento en la región Huetar Caribe, citando ejemplos como Tortuguero, Siquirres, Estrada, Cahuita, Puerto Viejo, Limón centro y Guácimo. El proyecto reconoce derechos relacionados con la tierra: acciones afirmativas para facilitar el acceso, medidas de delimitación y demarcación, la garantía de consulta previa y, en casos excepcionales debidamente justificados, la obligación de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada y, en su caso, una indemnización adecuada y justa si hubiera desplazamientos.

El proyecto incluye medidas afirmativas concretas para facilitar el acceso a los territorios ancestrales, entre ellas la "exoneración de impuestos de ventas en la compra de terrenos dentro de los territorios ancestrales" por un plazo de veinte años desde el reconocimiento, la promoción de la titulación mediante programas y fondos, incentivos fiscales para propietarios que cedan tierras a la comunidad afrocostarricense, apoyo para la gestión territorial y la inclusión en estadísticas públicas de una perspectiva sobre el impacto en la población afrocostarricense. El Estado se obliga a titular las tierras en coordinación con la Procuraduría General de la República en un plazo de un año a partir de la delimitación de los territorios, garantizando el derecho de posesión de los titulares ancestrales y sus descendientes.

Establece la creación de un ente representativo nacional y representantes locales que deberán ser designados libremente por las comunidades y que tendrán la condición de interlocutores válidos para asuntos sobre gestión, conservación, desarrollo de territorios y recursos naturales; asimismo protege el derecho de la población a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en las medidas o proyectos que puedan afectar sus tierras, territorios y recursos y exige que la consulta se realice con suficiente antelación y con información adecuada para permitir un proceso significativo.

El articulado también exige que las autoridades judiciales tengan en cuenta el idioma y las costumbres de los territorios ancestrales afrocostarricenses al aplicar la legislación nacional y ordena que el Poder Ejecutivo reglamente la ley en un plazo de seis meses desde su publicación en el diario oficial. El proyecto incluye disposiciones transitorias sobre la designación del ente representativo nacional y local mediante procesos democráticos definidos por cada pueblo tribal afrocostarricense una vez delimitados sus territorios.

El expediente del proyecto es el número 24001, la proponente es Rosalía Brown Young y el trámite indica inicio el 2023-10-23 y publicación el 2023-10-30 (Gaceta 200); hasta ahora está en proceso legislativo y su contenido refleja lo que la norma propondría si fuera aprobada por la Asamblea Legislativa, pero no constituye una ley vigente mientras no se complete ese trámite.