Proyecto 23990: Proyecto que modifica los artículos 13 y 45 de la Ley 8395 sobre servicios de seguridad privados

El proyecto propone reformar los artículos 13 y 45 de la Ley N. 8395 para cambiar los requisitos que deben presentar las personas y las empresas que quieren ofrecer servicios de seguridad privada en Costa Rica, y para precisar prohibiciones sobre la venta de acciones y otras conductas. El proyecto está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

La iniciativa afecta a todas las personas físicas y jurídicas que soliciten autorización para prestar servicios de seguridad privada ante la Dirección de los Servicios de Seguridad Privados. En la práctica esto significa que quien pida la licencia deberá acompañar una solicitud escrita con los datos personales o societarios exigidos (por ejemplo datos de identidad y domicilio para personas físicas; razón social, número de cédula jurídica y datos del representante legal para empresas) y documentos notariales que acrediten estatutos y personería, según el texto del artículo 13 que se propone.

El proyecto exige además que las empresas presenten anualmente una lista de sus accionistas o asociados con certificación notarial y vista en el libro de registro de accionistas o de asociados; esa lista debe incluir la fecha de adquisición o de ingreso a la empresa o asociación. En la práctica, las compañías autorizadas deberán mantener actualizada y entregar a la Dirección la identificación de quienes participan en su propiedad.

Cuando una compañía tenga en su estructura participantes que sean personas jurídicas domiciliadas en el extranjero, la empresa deberá identificar la totalidad de los participantes de esas personas jurídicas hasta llegar a la identificación del beneficiario final; en todo caso debe identificarse al menos una persona física como beneficiario final de la persona jurídica costarricense, y presentar la constancia de antecedentes penales de esa persona física.

El proyecto define beneficiario final como "la persona física que tenga en primera instancia el control de la persona jurídica"; si no fuera posible identificar a una persona jurídica, se considerará beneficiario final a la persona física que ejerza influencia sustantiva o control por otros medios sobre la entidad costarricense. En la práctica, esto obliga a precisar quiénes son las personas naturales que controlan efectivamente la empresa autorizada.

Si quien presta o pretende prestar los servicios es un fideicomiso, el proyecto obliga a presentar información sobre el fideicomiso y sus partes y considera como beneficiarios finales a todas las partes del fideicomiso, siempre y cuando sean personas físicas; si no se pueden identificar, se considerará beneficiario final al representante legal del fideicomiso y éste deberá presentar la constancia de antecedentes penales.

En lo operativo, la reforma obliga a las empresas solicitantes a presentar la nómina del personal de seguridad y administrativo con sus calidades, el inventario del armamento y del equipo de seguridad, y los diseños del distintivo y del uniforme (que no deben ser iguales ni similares a los utilizados por los cuerpos policiales). También exige pólizas: la propuesta fija que la póliza de responsabilidad civil mínima será equivalente a doscientas veces el salario mínimo legal para personas jurídicas y a cincuenta veces el salario mínimo legal para personas físicas.

La propuesta exige, como requisito, la constancia de antecedentes penales del personal administrativo y de seguridad y también del beneficiario final cuando se trate de una empresa. En la práctica, esto implica que la autorización o su renovación estarán condicionadas a presentar esos certificados para las personas señaladas.

En materia de prohibiciones, la reforma recoge y aclara conductas prohibidas a personas físicas, jurídicas y agentes. Entre las restricciones más puntuales está la prohibición de vender las acciones de empresas autorizadas a extranjeros o a personas condenadas por delitos internacionales. También se mantienen y precisan prohibiciones operativas relevantes, como la de detener, aprehender, interrogar, requisar o, de cualquier manera, privar de la libertad a una persona (salvo la regulación expresa sobre flagrancia que exige comunicar de inmediato a la autoridad competente), y la prohibición de poseer o usar armas o municiones prohibidas por la ley.

La propuesta establece expresamente que la norma rige a partir de su publicación. Si el proyecto es aprobado en el trámite legislativo y se sanciona conforme a las formalidades, sus disposiciones comenzarían a aplicar desde la publicación oficial.

El expediente oficial de este proyecto es el número 23990 y fue publicado en la Asamblea Legislativa el 2023-10-17; el texto y el articulado expuesto en este resumen corresponden al contenido presentado en ese expediente y están pendientes de convertirse en ley mediante el procedimiento legislativo ordinario.