Proyecto 23989: Proyecto que modifica los trámites y prohibiciones sobre traspaso y renovación de autorizaciones de empresas de seguridad privada (Ley 8395)

El proyecto propone cambiar las reglas para renovar autorizaciones y para traspasar la titularidad de acciones o cuotas en las empresas autorizadas a prestar servicios de seguridad privada, y modificar las prohibiciones aplicables a dichas empresas y a sus agentes. Estas reformas están pendientes de aprobación.

La reforma del artículo 18 establece que, para renovar una autorización o para aprobar el traspaso de la titularidad de acciones o cuotas (y con ello la autorización), la persona que gestione el trámite debe presentar una solicitud escrita ante la Dirección de los Servicios de Seguridad Privados acompañada de los requisitos de la solicitud inicial que requieran actualización. Antes de autorizar la renovación o el traspaso, la Dirección deberá analizar el desempeño de la empresa durante el periodo anterior, verificar que no haya personas condenadas por delitos y elaborar un informe detallado con antecedentes, denuncias y sanciones administrativas del período. Para el traslado efectivo del capital accionario se requiere la aprobación previa de la Dirección.

La reforma del artículo 45 aclara y limita la venta o negociación de la autorización y de las acciones o cuotas: prohíbe negociar la autorización por sí misma salvo cuando la transacción sea el traspaso de la titularidad de las acciones o cuotas de la sociedad autorizada y se haga conforme al nuevo artículo 18. Además, mantiene la prohibición de transferir las acciones o cuotas a personas que hayan sido condenadas por delitos internacionales. El artículo 45 también enumera otras prohibiciones aplicables a personas físicas, jurídicas y agentes, como privar ilícitamente de libertad, poseer armas prohibidas sin registro, prestar servicios durante una suspensión o cancelación de autorización, vulnerar derechos al honor o la intimidad, intervenir comunicaciones, suplantar funciones de autoridades y prestar servicios en centros penitenciarios.

En la práctica, si el proyecto se aprueba cambiaría el procedimiento para comprar o vender participaciones en empresas de seguridad privada: quien quiera adquirir la titularidad de acciones o cuotas deberá garantizar que la Dirección haya aprobado el traspaso tras revisar antecedentes, desempeño, denuncias y sanciones, y deberá presentar la documentación actualizada propia de la solicitud inicial. Esa revisión busca que la autorización no quede en situación incierta y que, en caso de traspaso, la empresa pueda seguir operando sólo si cumple los controles que exige la Dirección.

Quienes resultan afectados son las empresas autorizadas para prestar servicios de seguridad privada, sus accionistas actuales y potenciales (incluyendo extranjeros), el personal que trabaja en esas empresas y la Dirección de los Servicios de Seguridad Privados, que adquiere la responsabilidad formal de revisar y aprobar renovaciones y traspasos antes del traslado efectivo del capital. El proyecto también mantiene prohibiciones que limitan conductas de las empresas y agentes, y establece que las reglas rigen a partir de su publicación si se llega a aprobar la reforma.

El texto expone que las modificaciones buscan facilitar el acceso de inversión extranjera y mejorar competencia y tecnología en el sector, pero la explicación legislativa no transforma esas intenciones en derechos ni obligaciones adicionales salvo por lo que expresamente ordena el articulado: el cambio concreto son los nuevos requisitos y el análisis previo que la Dirección debe efectuar para renovar o aprobar traspasos, y la aclaración sobre cuándo puede negociarse la autorización. El proyecto permanece pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.