Proyecto 23956: Ley de penalizacion de los delitos contra la seguridad social

El proyecto propone adicionar un artículo 216 Bis al Código Penal (ley 4573) para penalizar que una persona se apropie, retenga o deje de pagar las contribuciones que corresponden a trabajadores o que el Estado deba pagar a instituciones de la seguridad social costarricense. El texto presentado está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

El proyecto está registrado bajo el expediente número 23956 y fue presentado por el diputado Horacio Alvarado Bogantes. El trámite muestra etapas en el Plenario y en la comisión de Jurídicos (Área VII), incluyendo ingreso al orden del día y debates señalados en el expediente, por lo que su aprobación aún depende de los siguientes pasos legislativos.

Se sancionará a quien se apropie total o parcialmente, o retenga, las contribuciones de los trabajadores destinadas a una institución de la seguridad social costarricense; también se sancionará al patrono que no realice las contribuciones que le corresponden en tiempo y forma y a las personas que por sus obligaciones omitan, obstruyan o eviten que el Estado realice las contribuciones legalmente establecidas a las distintas instituciones de seguridad social.

La pena que se aplicaría es la que ya figura en el artículo 216 del Código Penal, de modo que el proyecto remite a ese artículo para fijar el castigo. El artículo 216 describe el delito de fraude (inducción a error con simulación u ocultamiento de hechos para obtener un beneficio patrimonial) y establece, según el monto defraudado, penas de prisión: "Con prisión de dos meses a tres años, si el monto de lo defraudado no excediere de diez veces el salario base" y "Con prisión de seis meses a diez años, si el monto de lo defraudado excediere de diez veces el salario base". Además, esas penas se elevan en un tercio cuando los hechos los realice quien sea apoderado o administrador de una empresa o institución que obtenga, total o parcialmente, recursos del ahorro del público.

La falta de pago de aportes afecta no solo a las instituciones de seguridad social sino a las personas trabajadoras, porque pueden perder acceso inmediato al sistema de salud y ver afectado su derecho a pensión si las cotizaciones no se registran a tiempo. En su exposición se menciona que la seguridad social costarricense está administrada por entidades como la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el IMAS, el PANI, el INAMU, el Ministerio de Salud, el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) y la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA), entre otras, que son destinatarias de esas contribuciones.

El proyecto señala que "Rige a partir de su publicación" si se aprobara. Según el expediente, entre las etapas registradas figura el primer debate en Plenario fechado 2025-09-03, por lo que el avance y entrada en vigor dependen de la continuación del trámite legislativo y de la aprobación final por la Asamblea Legislativa; el proyecto, por tanto, sigue pendiente de aprobación.