Proyecto 23952: Proyecto que aumenta penas y activa herramientas contra la delincuencia organizada cuando delitos ambientales son cometidos por grupos

El proyecto propone aumentar las penas de prisión aplicables a delitos ambientales cuando se pruebe que esos delitos fueron cometidos por un grupo estructurado que actuó concertadamente, y con ello habilitar el uso de herramientas previstas para la persecución de la delincuencia organizada. Está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

La decisión concreta es que, en varias leyes ambientales, la pena de prisión prevista para los delitos señalados se incrementará en un cincuenta por ciento (50%) cuando "esas conductas ilícitas sean cometidas por un grupo estructurado de dos o más personas que haya existido durante cierto tiempo y que haya actuado concertadamente con el propósito de cometer dichos delitos". En al menos una de las modificaciones se establece además que, en esos casos, no se aplicarán las penas de multa previstas en la ley afectada, con lo cual la sanción práctica se concentra en un aumento de la pena de cárcel.

Para que opere el aumento de pena y que esos hechos puedan ser tratados con las herramientas de la ley contra la delincuencia organizada, el proyecto exige que la conducta haya sido cometida por un “grupo estructurado” (la expresión literal aparece en el texto) y recuerda la noción aplicable de “delito grave” como la conducta sancionable con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años. La intención operativa del proyecto es que, al aumentar el extremo superior de la pena en esos supuestos, las conductas puedan ser consideradas “delitos graves” para efectos de la Ley contra la Delincuencia Organizada y sus herramientas investigativas.

El proyecto introduce textos semejantes en varias normas ambientales. Entre las leyes que el texto modifica o en las que se inserta la agravante están la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, la Ley Forestal, la Ley de Pesca y Acuicultura y la norma sobre protección y conservación de tortugas marinas. En la práctica, esto significa que personas acusadas de delitos ambientales (por ejemplo delitos contra la vida silvestre, forestales o de pesca) podrían recibir una pena de prisión mayor —un 50% más— si la Fiscalía, la investigación o un tribunal prueban la existencia y actuación concertada de un grupo estructurado.

Explícitamente señala que la mayor pena deberá aplicarse solo cuando opere la circunstancia del grupo organizado y evita un “aumento generalizado de penas” para casos de menor gravedad en los que no existe delincuencia organizada. En el artículo que modifica la ley sobre tortugas marinas se mantiene la regla explícita de que no será punible la recolección de huevos de tortuga lora en el Refugio de Vida Silvestre de Ostional siempre que se haga conforme a las reglas que dicte el MINAE, lo que opera como excepción práctica en ese caso.

El texto dispone que las modificaciones rigen a partir de su publicación del decreto que resulte aprobado. El proyecto se presentó con expediente número 23952 y tramitó en la Asamblea Legislativa; permanece como iniciativa pendiente de aprobación. La explicación y los textos referidos provienen del propio proyecto publicado por la Asamblea Legislativa.