Proyecto 23927: Ley contra el acoso telefónico y llamadas extorsionadoras

El proyecto propone crear una ley de orden público para regular las gestiones de cobro telefónico realizadas por personas físicas y jurídicas, con el fin de evitar el acoso telefónico y las llamadas extorsivas y proteger la privacidad y el bienestar emocional de las personas afectadas. El proyecto está pendiente de aprobación.

Encarga a la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) la fiscalización, cumplimiento administrativo y sanción en materia de cobro; encomienda a la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) la protección y sanción sobre el uso indebido de datos personales; y deja las acciones penales a la competencia del Poder Judicial. Estas asignaciones aparecen en el articulado que define competencia y autoridades responsables.

El texto incluye definiciones concretas que sirven para calificar conductas. Define “acoso telefónico” como la realización repetitiva, continua y persistente de llamadas o comunicaciones no deseadas para molestar, intimidar o perturbar; “cobro telefónico extorsivo” como llamadas que buscan un beneficio financiero mediante amenazas de daño o despojo; “comunicación abusiva” como comunicaciones repetitivas en un solo día, hostiles o coercitivas; y “consentimiento informado” como la aprobación expresa y voluntaria del receptor para ser contactado. También enumera como “datos sensibles” la información financiera y de familiares, entre otros datos, y exige consentimiento previo para su uso en cobros.

Llamar fuera de horas hábiles de oficina; realizar llamadas excesivas o repetidas; contactar a familiares, amigos o empleadores sin consentimiento; amenazar con acciones legales falsas; revelar detalles de la deuda a terceros; ignorar solicitudes de cese de comunicación; usar engaños; presionar emocionalmente al deudor o familiares; presionar a personas mayores de 65 años; exponer a la persona en su centro de trabajo; y llamar antes de la fecha de vencimiento de la deuda. El incumplimiento de cualquiera de estas prohibiciones se sanciona administrativamente.

En cuanto a sanciones administrativas, la infracción a las prohibiciones del artículo referido representa una multa de diez salarios base (según el artículo 2 de la Ley N.º 7337). La reincidencia eleva la multa a veinte salarios base y la mora en el pago de las multas genera un interés moratorio del 03% mensual. Los fondos recaudados por estas multas se girarán a la orden de la SUGEF para fines de educación financiera y para fortalecer la aplicación de la ley.

La Prodhab podrá sancionar con quince salarios base a quien use datos personales o datos sensibles sin el consentimiento del deudor, y la SUGEF impondrá quince salarios base a quien utilice sellos, logotipos o papelería de instituciones públicas para efectos de cobro. Los ingresos por estas sanciones se destinarán a fortalecer el funcionamiento de las respectivas autoridades.

Acoso telefónico cobratorio con pena de prisión de uno a tres años; cobro telefónico extorsivo con pena de dos a cuatro años (y de tres a cuatro años si la víctima es mayor de 65 años); violación al consentimiento informado usando datos sensibles con pena de uno a tres años; posesión y divulgación de datos sensibles relacionados con la situación financiera con pena de uno a tres años; y utilización de signos oficiales para ejercer cobro con pena de uno a tres años.

Enviar mensualmente a la SUGEF la nómina de las personas que realizan gestión cobratoria (el incumplimiento conlleva una multa de un salario base) y prohíbe cobrar deudas que ya fueron cubiertas por pólizas de saldos deudores, con sanción de diez salarios base si se viola esa prohibición.

El proyecto exige que las solicitudes de datos sensibles para fines crediticios se hagan conforme a la normativa aplicable y con consentimiento informado, y obliga a las empresas de cobro a informar al deudor cuál fue la empresa que les proveyó datos sensibles para que la persona pueda solicitar la eliminación de dichos datos. El proyecto prohíbe el almacenamiento y la utilización ilegal de datos personales de consumidores y de sus familiares en procesos de acoso y extorsión telefónica.

El expediente oficial de este proyecto es el número 23927; el trámite registrado indica inicio el 2023-09-11, publicación el 2023-09-28 (Gaceta N.º 178) y diversas actuaciones en comisión y plenario que incluyen un primer debate en plenario el 2025-09-18, entre otros movimientos hasta 2025-10-15. La información sobre trámites y fechas figura en el registro público del expediente.