Proyecto 23908: Protección de las personas consumidoras sobre la custodia de su dinero en entidades financieras (proyecto pendiente)

El proyecto propone que las entidades financieras que custodian dinero de la gente en Costa Rica —sean públicas o privadas y estén autorizadas para ello— respondan objetivamente y de forma solidaria por el daño económico y por la custodia inadecuada de fondos y datos personales de sus clientes. Está pendiente de aprobación. El cambio afectaría a “toda entidad financiera en Costa Rica ya sea pública o privada, autorizada para este fin” y a las personas usuarias o consumidoras que tengan ahorros o cuentas a su cargo, porque el texto modifica la responsabilidad legal de quien custodia esos recursos y datos. El artículo que se propone reformar es el artículo 35 de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (Ley N°7472), y el proyecto deja claro que la obligación recae sobre quien tiene la custodia de los fondos. Concretamente, el proyecto introduce en el ordenamiento tres reformas principales: 1) reforma del artículo 35 de la Ley 7472 para establecer responsabilidad objetiva y solidaria de la entidad financiera que custodia ahorros u otros fondos; 2) reforma del artículo 298 de la Ley General de la Administración Pública (Ley N°6227) para establecer la inversión de la carga de la prueba en favor de las personas afectadas en casos relacionados con defensa del consumidor y fraudes electrónicos; y 3) reforma del artículo 41.1 del Código Procesal Civil (Ley N°9342) para ajustar la regla sobre la carga de la prueba en estos asuntos. Esas reformas están formuladas en los artículos 1, 2 y 3 del proyecto. En la práctica, la reforma de responsabilidad (artículo 35) significa que la entidad financiera “responderá objetiva y solidariamente frente al administrado o consumidor, independientemente de la existencia de culpa” cuando el usuario resulte perjudicado por el bien o el servicio, por información inadecuada o por “la ineficiente o inadecuada custodia tanto de sus fondos como de sus datos personales.” Además, el texto extiende la responsabilidad aun cuando la pérdida provenga de un tercero ilegítimo, siempre que ese tercero no esté autorizado por el titular de la cuenta y “independientemente del mecanismo utilizado para la sustracción.” Por tanto, según el texto propuesto, la entidad podrá ser obligada a indemnizar aun cuando no haya culpa comprobada si falló la custodia o la protección. El proyecto también establece que, en los casos relacionados con la defensa del consumidor, ambiente o fraudes electrónicos (personales o de entidades bancarias o similares), “tanto a nivel administrativo como judicial, regirá la inversión de la carga de la prueba en favor de las personas afectadas.” En palabras sencillas del propio texto, esto desplaza la obligación de aportar las pruebas relevantes hacia la entidad financiera o la parte demandada en esos procesos, de modo que la persona afectada parte con una posición probatoria más protegida en la tramitación administrativa o judicial. El expediente incluye antecedentes y razones: se citan aumentos de estafas bancarias y ejemplos de víctimas para respaldar la iniciativa. El texto presenta datos como que entre 2021 y 2022 las denuncias por estafas bancarias crecieron un 43,6%, pasando de 5.528 (2021) a 7.938 (2022), y que “el perjuicio económico de esta actividad delictiva fue de más de ¢4.300 millones de colones.” Además, el proyecto incorpora numerosos testimonios de personas afectadas que describen pérdidas económicas y daños personales. Estado y trámite relevante: el proyecto fue iniciado el 2023-08-29, publicado (según el expediente) el 2023-10-10 y ha pasado por comisiones y debates en el Plenario con varias etapas previstas hasta la posible publicación como ley. El expediente registra los artículos que se pretende reformar y una secuencia de trámites en comisiones y plenario que muestran que la iniciativa aún es un proyecto sujeto a debates, mociones y votaciones antes de convertirse en ley. Condiciones, límites y observaciones prácticas: el texto propuesto describe el nuevo régimen de responsabilidad y la inversión de la carga de la prueba, y precisa que la responsabilidad opera “independientemente de la existencia de culpa” y “aunque esto provenga de un tercero ilegítimo siempre que este no se encuentre autorizado por el titular de la cuenta, independientemente del mecanismo utilizado para la sustracción.” En las páginas publicadas no aparecen en detalle los mecanismos administrativos o financieros para implementar, financiar o ejecutar las indemnizaciones ni reglas operativas exhaustivas sobre cómo deben cambiar los procedimientos internos de cada entidad; el proyecto fija el nuevo régimen jurídico y remite a su aplicación dentro del marco procesal y administrativo reformado por los artículos propuestos. En suma: si el proyecto se aprueba, las personas afectadas por estafas o sustracciones de dinero recursos y por fallas en la custodia de datos verían reconocido un régimen más protector: las entidades financieras serían objetivamente responsables y, en muchos casos de fraudes electrónicos o defensa del consumidor, la carga probatoria se invertiría en favor de la persona perjudicada. Queda pendiente que el proyecto siga su trámite y que las comisiones y el Plenario definan la redacción final y su entrada en vigor.