Proyecto 23885: Ley para regular las nuevas formas de propaganda

El proyecto propone reformar el Código Electoral para regular el uso de internet y de las redes sociales en la difusión de la propaganda política, adaptando reglas sobre quién puede difundir propaganda, cómo y cuándo se puede publicarla en medios digitales y qué obligaciones deben cumplir las plataformas y proveedores de servicios publicitarios. Está pendiente de aprobación en la Asamblea Legislativa.

El proyecto plantea cambios concretos a varios artículos del Código Electoral con el fin de responder al crecimiento de la presencia digital en las campañas y a los riesgos asociados, como la desinformación. Según la exposición de motivos, se busca “regular adecuadamente el uso de las redes sociales en la difusión de la propaganda política” y la reforma “plantea un primer esfuerzo en esta dirección proponiendo la modificación de los artículos 136, 138, 139, 286, 287 y 289 referidos a la propaganda electoral”.

Incluye en el período de veda (los días en que se restringe la propaganda) la propaganda difundida en plataformas o medios digitales y busca prohibir el uso de cuentas falsas, perfiles, sitios o páginas falsas para la difusión de propaganda. También faculta al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para ordenar el retiro de propaganda cuando corresponda por veda o por contravenir normas sobre derechos humanos.

En materia de encuestas y sondeos de opinión, el proyecto modifica la forma de publicar quiénes están autorizados a difundirlas y las reglas sobre su difusión: elimina la obligación de que el TSE publique el listado de personas autorizadas en un diario de circulación nacional y establece que ese listado se coloque en el sitio web del Tribunal; además se prohíbe la difusión o publicación, parcial o total, de encuestas y sondeos relativos a procesos electorales durante los tres días inmediatos anteriores a las elecciones y el propio día, y se prohíbe la difusión de estudios elaborados por empresas no registradas a partir del día siguiente a la publicación en el sitio web institucional de la lista de entidades autorizadas.

Sólo podrán prestar esos servicios las personas físicas o jurídicas inscritas ante el TSE y, en el caso de plataformas digitales que vendan publicidad electoral, deben designar un representante legal para atender notificaciones y suministrar al TSE la información relacionada con la pauta contratada (por ejemplo, la pauta publicitaria y el medio de pago utilizado). Estos requisitos aparecen en la redacción propuesta para las obligaciones de las empresas y plataformas registradas.

Para hacer cumplir las reglas el proyecto incluye sanciones. En la propuesta de reforma el artículo 286 establece multas “de dos a diez salarios base” por permitir la difusión o publicación de resultados de sondeos o encuestas durante los periodos de veda y por autorizar la publicación de resultados realizados por personas o empresas no inscritas. El artículo 289 eleva la pena para ciertos incumplimientos y propone multas “de diez a cincuenta salarios base” para personas físicas o jurídicas públicas o privadas que incumplan lo establecido en los artículos modificados.

Los delegados podrán ordenar el retiro de la propaganda colocada en vías y lugares públicos o en mobiliario urbano, y el TSE “en su condición de juez electoral, podrá ordenar, mediante resolución fundada, la suspensión o el retiro” de propaganda pautada por cualquier medio, incluidas plataformas digitales, dentro del período de veda o cuando contravenga la Convención Americana sobre Derechos Humanos, según la redacción propuesta.

El proyecto está en trámite legislativo y no es ley; la tramitación registra entre otros pasos su presentación y el “PRIMER DEBATE (PLENARIO)” fechado 2025-04-23, por lo que los cambios descritos son propuestas que quedarían vigentes sólo si la Asamblea las aprueba y se publican en la forma legal correspondiente.