Proyecto 23869: Ley para la compensación ambiental y financiamiento de las áreas silvestres protegidas

El proyecto propone crear un mecanismo obligatorio de pago llamado “compensación ambiental” para cubrir el impacto ambiental residual negativo de actividades, obras y proyectos nuevos y existentes cuyo monto de inversión inicial supere los US$ 3 millones, y destinar esos recursos a un fondo especial para financiar y fortalecer las áreas silvestres protegidas y otras acciones ambientales vinculadas. Está pendiente de aprobación.

La compensación aplica a actividades, obras o proyectos nuevos con montos de inversión superiores a los US$ 3 millones y también podrá aplicarse a proyectos existentes que actualicen su diagnóstico ambiental; sin embargo, los proyectos de construcción relacionados con urbanizaciones quedan exentos. Para iniciar obras, la ley exige que el pago correspondiente a la fase de construcción se cancele antes del inicio de la obra.

La valoración se hará con la Matriz de Importancia de Impacto Ambiental (MIIA) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) organizará una base de datos con proyectos con Viabilidad Ambiental desde la operación de SETENA (a partir de 1997) e incluirá proyectos de minería, energía u otros con evaluaciones desde 1982 que sigan en operación. Para proyectos en operación, SETENA ordenará la actualización digital y como declaración jurada de la MIIA; las mediciones deberán ser realizadas por consultores ambientales independientes registrados y habilitados por SETENA.

La MIIA traducirá impactos a “unidades de impacto ambiental negativo”; cada unidad podrá valorarse económicamente (por ejemplo, se menciona el equivalente de US$ 12.0 por unidad) o en metros cuadrados de restauración, pero al final se fijará un monto económico. Las unidades se convertirán a su equivalente en dólares y el pago podrá fraccionarse; la suma correspondiente a la fase de construcción debe pagarse antes de iniciar la obra y la fase de operación se podrá pagar anualmente durante un periodo de 10 años. El texto incluye ejemplos numéricos (por ejemplo, industrias con miles de unidades y pagos estimados como US 30.000 para una fase constructiva o US 18.000/año por 10 años) que ilustran cómo se aplicaría el método.

Los pagos se depositarán en un Fondo Especial para el Financiamiento de las Áreas Silvestres Protegidas que administrará el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE/SINAC). Los recursos se distribuirán así: 70 % para el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas; 10 % para financiar la gestión de centros de rescate de fauna silvestre; 10 % para financiar la construcción de pasos de fauna en obras viales; y 10 % para financiar la gestión ambiental y territorial de los gobiernos locales.

Del 70 % que recibe el SINAC, el proyecto permite usar dos tercios para financiar recursos humanos (guardaparques) y equipo operativo (drones, lanchas, vehículos, equipos, etc.) y destinar un tercio para cancelar terrenos adquiridos para áreas protegidas. Además, durante los primeros tres años el SINAC transferirá el 25 % del monto indicado a la SETENA para que organice la base de datos. El SINAC también realizará transferencias anuales: una a la Asociación de Centros de Rescate de Fauna Silvestre (según su dimensión), otra al Ministerio de Obras Públicas y Transportes para financiar parcialmente pasos de fauna, y otra al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) para financiar parcial y específicamente la gestión ambiental y territorial de los gobiernos locales (mitad para zonificaciones de fragilidad ambiental y mitad para fiscalización e inspección ambiental, con prioridad a gobiernos locales rurales con menor índice de desarrollo humano).

El proyecto establece sanciones por incumplimiento del pago; la falta de cancelación hará que la actividad, obra o proyecto quede sujeta a “suspensión de la viabilidad ambiental” y, en consecuencia, a la suspensión del permiso municipal y, si aplica, de la patente municipal o el permiso sanitario, pudiendo la municipalidad ordenar el cierre técnico provisional hasta que se solucione el pago. Los reglamentos previstos en la ley deberán emitirse en un plazo máximo de seis meses desde su promulgación, y el pago de la compensación ambiental deberá iniciarse en un plazo máximo de 9 meses a partir de la entrada en vigencia de la ley.