Proyecto 23783: Proyecto de ley para prohibir y regular plaguicidas altamente peligrosos para la salud y el ambiente

El proyecto propone prohibir, controlar y sustituir el uso de plaguicidas considerados altamente peligrosos para la salud y el ambiente, mediante la enumeración de sustancias prohibidas, la obligación de controles administrativos y técnicos, incentivos fiscales para alternativas, plazos de transición y sanciones. El texto que explica estas medidas está contenido en el expediente 23783 y está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

El proyecto decide prohibir el registro, la importación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de plaguicidas que contengan ciertos ingredientes activos enumerados. En el articulado aparecen listas concretas de ingredientes que quedarían prohibidos (por ejemplo: Alachlor, Aldicarb, Bromacil, Bromuro de metilo, Carbofurán, Carbosulfán, Clorotalonil, Dimetoato, Endosulfán, Estreptomicina, Fipronil, Gentamicina, Glifosato, Kasugamicina, Oxitetraciclina, Paraquat, entre otros). La prohibición alcanza a las sustancias en su grado técnico y a formulados sintéticos que las contengan.

El proyecto establece que el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Ministerio de Salud (MS) deben realizar evaluaciones periódicas de riesgo para determinar si otros plaguicidas deben ser declarados altamente peligrosos y prohibidos, usando como referencia decisiones de organismos internacionales (OMS, FAO, EFSA u otras autoridades competentes). Estas evaluaciones son vinculantes para el Ministerio de Agricultura (MAG) en lo relativo al mercado y registros.

Para los plaguicidas que, tras evaluación, deban permanecer en el mercado, el proyecto exige medidas de control concretas en la solicitud de registro y su uso: restricciones de distancia respecto a centros poblados y cultivos sensibles, condiciones de aplicación, dosis y frecuencias, equipos autorizados y otros parámetros técnicos. Además las aplicaciones deberán ser autorizadas por un profesional en ciencias agrícolas (por ejemplo un ingeniero agrónomo) mediante una receta digital; esas recetas digitales deberán ser de acceso público para efectos de control y estudio de impactos.

El Ministerio de Salud será responsable de crear y mantener una base de datos única sobre personas afectadas por contacto con plaguicidas y recibir los reportes de todas las instituciones públicas y privadas que atiendan casos, solicitudes de incapacidad o defunciones relacionadas con exposición. El proyecto también prevé que las recetas digitales y registros de aplicación sean accesibles para control y estudios sobre efectos en salud humana y ambiente.

El Estado coordinará a instituciones (MAG, MINAE, MS, INA, universidades y otros) para promover investigación, extensión y asistencia técnica en manejo integrado de cultivos y alternativas de menor riesgo. Para estimular la producción de alternativas no químicas, el proyecto establece incentivos fiscales: reducciones del impuesto sobre la renta a las empresas que produzcan alternativas (por ejemplo, una reducción del 100% en el primer año fiscal y porcentajes decrecientes en años siguientes según el articulado) y otros beneficios tributarios detallados en el texto.

Sobre financiamiento, el texto dispone que el Servicio Fitosanitario del Estado transferirá al menos el 25% de los ingresos procedentes de una tasa del 1,5% sobre el valor CIF de importaciones de productos químicos agrícolas al financiamiento de investigación y programas de alternativas (investigación en prácticas alternativas, controladores biológicos, asistencia técnica y difusión).

El proyecto fija plazos de transición. Entre las disposiciones transitorias aparece que la prohibición establecida será efectiva tres años a partir de la publicación de la ley en La Gaceta; el Poder Ejecutivo debe establecer un plan de acción en un plazo no mayor a 3 meses y reglamentar la ley en un plazo no mayor a seis meses desde su publicación. También señala un plazo improrrogable de tres años para que quienes registren, importen, exporten, fabriquen, formulen, almacenen, distribuyan o usen los plaguicidas prohibidos agoten sus existencias, siempre que se respeten límites y medidas de seguridad.

Por el uso de plaguicidas prohibidos se establece multa (por ejemplo, la norma dispone sanciones de treinta a cincuenta salarios base y la pérdida del equipo o material correspondiente cuando quien emplee plaguicidas altamente peligrosos incumpla); hay multas menores para usos indebidos y sanciones por la presentación de información falsa para obtener beneficios fiscales. Estas sanciones están sujetas a lo que señale el articulado y a procedimientos administrativos.

El proyecto indica además medidas sobre estadísticas y vigilancia (obligación de reportar eventos de intoxicación y efectos), obligaciones administrativas para profesionales que autoricen recetas y requisitos de control para plaguicidas que permanezcan autorizados. El texto incluye disposiciones sobre la obligación de mantener bitácoras de uso en campo y el acceso de autoridades competentes a la información.

El proyecto ordena la elaboración de regulaciones, planes y sistemas (por ejemplo, el plan de acción, el reglamento y la identificación técnica de restricciones) y fija plazos para ello, pero la forma exacta de implementación, recursos presupuestarios específicos y procedimientos completos quedarán definidos en la reglamentación y actuaciones de las instituciones responsables si la ley se aprueba. El documento que se resume está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa y su texto vigente es un proyecto, no una ley aprobada.