Proyecto de ley 23760: Ley de Impuesto sobre la Renta

El proyecto propone crear una nueva Ley de Impuesto sobre la Renta que reordena el gravamen de las rentas y sustituye la Ley actual (N.º 7092). Concreta que la norma que propone derogará la ley vigente y establece un texto dividido en impuestos para personas físicas, personas jurídicas y no residentes.

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto sobre la Renta de las Personas Jurídicas (IRPJ) y el Impuesto sobre la Renta de los No Residentes (IRNR). Cada uno tiene reglas propias sobre qué rentas se gravan, bases imponibles y tratamientos especiales para ciertos tipos de rentas.

Para las personas físicas el proyecto cambia el modelo hacia un sistema basado en el concepto de “renta ingreso”: la renta que se grava es el incremento patrimonial del periodo impositivo y se integran diversas fuentes (trabajo, capital, actividades económicas). Establece además un “mínimo vital” que reduce la base imponible: “El mínimo del contribuyente será, con carácter general, de ₡10.104.000,00 anuales”. Una vez aplicado ese mínimo, la base general ajustada quedará sujeta a una tarifa progresiva que va desde 10% hasta 30%, según los tramos que fija el texto.

El proyecto separa las rentas de capital y ganancias de capital en una base especial, sobre la cual se aplicará un tipo único diferente: “A la base imponible especial a que se refiere el artículo 37 de esta Ley se le aplicará el tipo impositivo único del 15%.” Para las empresas y demás personas jurídicas, el impuesto general que propone es un tipo proporcional del 30% sobre la base imponible que corresponda.

A los no residentes el proyecto sustituye el esquema vigente de remesas por un impuesto sobre las rentas de fuente costarricense que obtengan esos contribuyentes; para casos sin establecimiento permanente se propone un “tipo proporcional único del 15%.” Cuando exista establecimiento permanente en Costa Rica, esas rentas se imputarán y gravarán conforme a las reglas del impuesto sobre personas físicas o jurídicas, según corresponda.

Obliga a la práctica de retenciones en la fuente sobre ciertos pagos (por ejemplo sobre salarios y pensiones no podrá superar el 15% de la retribución pagada mensualmente) y ordena obligaciones de declarar, autoliquidar y pagar dentro de los plazos que fija la ley. También incorpora normas sobre períodos impositivos, imputación temporal de ingresos y gastos, integración y compensación de resultados y límites a deducciones financieras, según los artículos que establecen esas obligaciones.

Deroga expresamente la Ley N.º 7092 y dispone su vigencia “a partir del primer día de enero del año inmediato siguiente al de su publicación.” El texto, en su tramitación, sigue pendiente de aprobación definitiva por el Plenario y las comisiones correspondientes, por lo que hasta ahora es un proyecto que debe ser aprobado para convertirse en ley.