Proyecto 23752: Autorizar a FONAFIFO para actuar como operador financiero del Sistema de Banca para el Desarrollo

El proyecto propone autorizar al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) a participar en el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) como operador financiero y a canalizar recursos hacia productores forestales; la iniciativa está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa. El texto del expediente 23752 busca reformar artículos de la Ley Forestal para permitir que el Fondo solicite la licencia correspondiente ante el Consejo Rector del SBD y así gestionar fondos y créditos destinados a actividades forestales.

El proyecto cambia en la práctica el rol del Fondo creando formalmente el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal con el objetivo de financiar a pequeños y medianos productores mediante créditos u otros mecanismos de fomento. En el articulado se establece que el Fondo podrá solicitar ante el Consejo Rector la licencia para ser operador y canalizar recursos del SBD hacia esos productores, lo que en la práctica le permitiría participar en los programas de crédito y otros mecanismos de la Banca para el Desarrollo.

El manejo y la administración de los recursos que reciba el Fondo podrá realizarse mediante el Fideicomiso 544, gestionado con el Banco Nacional de Costa Rica, y el proyecto establece que FONAFIFO responderá con sus propios recursos y activos por el financiamiento que se le otorgue. El texto también indica que la participación del Fondo en programas o mecanismos del SBD “no requiere de autorización administrativa del Ministerio de Hacienda u otras instancias públicas”, lo que en la práctica elimina la necesidad de un permiso administrativo previo ante Hacienda para esa participación, según lo dispuesto por el proyecto.

Respecto a las fuentes de financiamiento, la propuesta reforma la normativa sobre el patrimonio del Fondo e identifica diversas fuentes que podrán integrarlo: aportes del Estado, donaciones y créditos de organismos nacionales e internacionales, créditos obtenidos mediante emisión o colocación de títulos, recursos por conversión de deuda externa y por pago de servicios ambientales, la recuperación de préstamos otorgados, productos financieros de inversiones transitorias y una porción del impuesto a la madera. Entre las fuentes especificadas figura expresamente “el cuarenta por ciento (40%) del monto de los ingresos provenientes del impuesto a la madera” y la posibilidad de emitir bonos forestales para captar recursos.

El proyecto faculta al Fondo para crear un fondo o mecanismo de avales o garantías destinado a pequeños productores, con el fin de facilitarles el acceso al crédito mediante garantías parciales o fianzas. El texto aclara la intención de que ese fondo de avales se cree con cooperación y financiamiento internacional “sin recurrir a los recursos públicos”, indicando que la búsqueda de financiamiento para el mecanismo se orienta a fuentes externas o cooperación.

El proyecto autoriza además que el Fondo incorpore mecanismos y servicios para mejorar la comercialización de la madera y otros productos forestales, por ejemplo esquemas como subastas en pie, alianzas público‑privadas u otros instrumentos, y manda que el reglamento de la ley determine la normativa necesaria para la operación e implementación de esos mecanismos. En la práctica, esto habilita a FONAFIFO a diseñar y ejecutar herramientas comerciales y de mercado para ayudar a los productores a obtener mejores condiciones de venta.

El proyecto busca que ellos reciban financiamiento, garantías que faciliten créditos y mecanismos de comercialización gestionados por FONAFIFO como operador del SBD. La norma también señala que los recursos y créditos que se otorguen podrán ser administrados por el Fondo mediante la gestión del Fideicomiso 544 con el Banco Nacional, y que el patrimonio y los activos del Fondo respaldarán los financiamientos que obtenga.

La propuesta remite al reglamento de la ley la definición de los procedimientos y normas operativas para estos mecanismos, por lo que muchos detalles prácticos sobre cómo se implementarán las medidas dependerán de la reglamentación posterior. El expediente oficial es el número 23752 y la publicación registrada en la Gaceta fue el 2023-06-07; el proyecto sigue en trámite legislativo y aún debe aprobarse para producir efectos legales.