Proyecto 23729: Proyecto propone exceptuar el derecho a no declarar cuando la víctima es menor y sufra delitos sexuales o violencia intrafamiliar

El proyecto propone reformar el artículo 36 de la Constitución Política para eliminar la protección constitucional que permite a ciertas personas emparentadas abstenerse de declarar en procesos penales, cuando se trate de un familiar de una persona menor de edad que sea víctima de delitos sexuales o de violencia intrafamiliar. En la práctica, la excepción quita la barrera constitucional que hoy impide exigir la declaración en esos supuestos.

El cambio afecta a las personas que actualmente están amparadas por el derecho a no declarar frente a parientes: el texto mantiene la regla general de que “nadie está obligado a declarar contra sí mismo, ni contra su cónyuge, ascendientes, descendientes o parientes colaterales hasta el tercer grado inclusive de consanguinidad o afinidad”, pero añade la salvedad para el caso del familiar de una víctima menor de edad en delitos sexuales o violencia intrafamiliar. Eso significa que, en esos supuestos concretos, el familiar dejaría de estar protegido por la excepción constitucional y podría perder la posibilidad de abstenerse de declarar.

El articulado propuesto incluye explícitamente la redacción que modifica el artículo 36 y contiene la frase “Rige a partir de su publicación”, es decir, el propio proyecto establece que la reforma produciría efectos desde su publicación; sin embargo, la iniciativa aún está en trámite en la Asamblea Legislativa y requiere aprobarse y publicarse conforme al procedimiento constitucional para que la modificación pase a ser obligatoria.

El expediente identificador es el número 23729, la publicación indicada en el registro es del 2023-06-09 y la iniciativa fue presentada por un grupo de diputadas y diputados, entre ellos Carolina Delgado Ramírez y Sonia Rojas Méndez, según consta en el expediente. La exposición de motivos que acompaña el proyecto aporta datos y razones para la reforma; entre ellas se menciona que “más de un 64% de todos los delitos sexuales denunciados, anualmente, terminan con desestimación o sobreseimiento”, argumento que los proponentes usan para justificar la necesidad del cambio.

El texto del proyecto define la excepción constitucional y sus límites materiales (aplica cuando la víctima sea una persona menor de edad y los hechos sean delitos sexuales o violencia intrafamiliar). El articulado que se muestra no entra en detalles operativos sobre cómo se obligaría a declarar, qué trámites procesales cambiarían de inmediato, ni fija sanciones o presupuesto para su implementación; por tanto, la puesta en práctica de la excepción dependerería de las normas procesales aplicables y de decisiones posteriores que regulen el procedimiento una vez la reforma esté aprobada y publicada. El proyecto, su expediente y el historial de trámites aparecen en el registro de la Asamblea Legislativa y la iniciativa permanece pendiente de aprobación.