Proyecto 23714: Régimen procesal y de ejecución de penas para causas declaradas por narcoactividad y sus manifestaciones criminógenas

El proyecto propone crear un régimen procesal especial para enjuiciar y ejecutar las penas en las causas que un juez declare como “por narcoactividad y sus manifestaciones criminógenas”, con reglas procesales y de cumplimiento de penas distintas a las ordinarias. Está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

El proyecto establece que la declaración de una causa como vinculada a la narcoactividad se tramita mediante una solicitud del Ministerio Público ante el juez penal competente; esa solicitud debe contener las pruebas con las que el Ministerio Público cuente hasta ese momento para fundamentarla. El juez valorará las pruebas y decidirá si declara la causa como por narcoactividad, lo que activa las reglas especiales previstas en la iniciativa.

La resolución judicial que declare la causa como por narcoactividad podrá ser apelada, pero la apelación no tendrá efectos suspensivos, es decir, la decisión del juez seguirá produciendo efectos mientras se tramita la apelación. Si, durante el proceso, desaparecieran las razones que motivaron la declaratoria, la parte afectada o el Ministerio Público pueden pedir la revocatoria de la declaratoria ante el Juzgado Penal, y la resolución que confirme la revocatoria sí tendrá recurso de apelación con efecto suspensivo.

Una vez declarada la causa como por narcoactividad, el proyecto fija consecuencias procesales concretas respecto de la prisión preventiva y los plazos de tramitación. Entre esas reglas está que, cuando la autoridad judicial acuerde prisión preventiva, el plazo inicial será de un año y, antes de que transcurra ese año, no procederá la revisión de la medida salvo que se acrediten circunstancias excepcionales ante el juez.

Los plazos previstos en el Código Procesal Penal y leyes especiales para investigación, audiencias, deliberación y sentencia se duplicarán; en particular, el plazo ordinario de prisión preventiva se fija en dos años y el plazo extraordinario de prisión preventiva podrá ser de hasta dos años adicionales. El texto también regula que, durante la tramitación de recursos de apelación y casación, la prisión preventiva puede mantenerse o ampliarse conforme a las normas que el proyecto señala.

El proyecto indica que no serán aplicables medidas alternas del procedimiento penal. Respecto a los procedimientos abreviados, el proyecto permite el instituto del procedimiento especial abreviado, pero sin reducciones de pena cuando lo solicite la persona imputada; si el Ministerio Público se opone, solo podrá aplicarse el abreviado cuando la persona imputada acepte la pena máxima prevista para el delito y ello no afecte la causa en relación con otras personas implicadas.

En materia de cumplimiento de penas, el proyecto restringe beneficios penitenciarios para quienes sean condenados en causas declaradas por narcoactividad: no serían aplicables beneficios que impliquen el traslado a un régimen distinto al institucional, ni reducciones de pena ni el beneficio de libertad condicional, de modo que la pena impuesta se cumpliría sin esos descuentos o traslados según las reglas que el texto establece.

Conserva las reglas especiales para el juzgamiento de personas menores de edad según la Ley N° 7576 (Justicia Penal Juvenil) y mantiene el procedimiento expedito para delitos cometidos en flagrancia. Además preserva, como herramienta de investigación y sanción, instrumentos como el criterio de oportunidad y la figura del testigo arrepentido o testigo de la corona cuando la política criminal lo justifique.

El texto exige que, cuando se revise o se soliciten prórrogas de medidas cautelares o excepciones al tratamiento de la causa, el órgano judicial califique expresamente el carácter excepcional de la petición mediante un auto fundado; si la petición no se califica como excepcional, el juez deberá rechazarla de inmediato y contra esa decisión no procedería recurso.

El proyecto figura con número de expediente 23714, fue publicado el 2023-06-05 (Gaceta N.º 99) y, según su texto, rige a partir de su publicación. La información oficial y el trámite están en los registros de la Asamblea Legislativa, donde el proyecto sigue su discusión hasta que la Asamblea adopte una decisión final. Por tanto, las reglas descritas son lo que propone la iniciativa y solo entrarían en vigor si el proyecto se aprueba y se publica conforme a lo previsto.