Proyecto 23626: Propuesta para impedir que se limite el contacto del menor con su círculo afectivo como presión por falta de pago de la pensión alimentaria

El proyecto propone garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a mantener contacto regular y directo con su círculo familiar y afectivo cuando ese contacto sea limitado o condicionado por uno de sus padres como forma de presión para obtener el pago de la obligación alimentaria. El texto es un proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa y, por tanto, está pendiente de aprobación.

El proyecto fue ingresado con número de expediente 23626 y fue publicado el 2023-04-28. Los proponentes registrados incluyen a Melina Ajoy Palma y Leslye Rubén Bojorges León, entre otros diputados señalados en la presentación del expediente. El trámite del expediente se describe en el propio registro del proyecto y aún requiere los pasos legislativos correspondientes para convertirse en norma.

Añade un literal al artículo 159 de la Ley Nº 5476 (Código de Familia) que considera como causa de suspensión de atributos parentales el limitar o condicionar el régimen de interrelación familiar cuando ese acto se use como medida coactiva para exigir el pago de pensiones alimentarias; incorpora un artículo 288 bis al Código Procesal de Familia (Ley Nº 9747) que prohíbe la interrupción del régimen de interrelación familiar por deudas alimentarias pendientes; y reforma normas del Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley Nº 7739) y del Código Procesal de Familia para proteger y restituir el derecho de contacto del menor. Estos cambios buscan impedir que se use la convivencia o las visitas del menor como moneda de cambio para obtener el cumplimiento de la obligación alimentaria.

En la práctica, según lo que el articulado propone, quien tenga la custodia del menor no podrá condicionar ni impedir que el menor mantenga contacto regular y directo con su círculo familiar y afectivo con la finalidad de forzar el pago de alimentos. El progenitor que incumple la obligación alimentaria podrá, de forma incidental ante el tribunal, denunciar la limitación o condicionamiento del régimen de interrelación familiar que ejerza el custodio; y el tribunal deberá garantizar la restitución del régimen de interrelación y el derecho de contacto del menor, hasta los grados de parentesco que el proyecto menciona, cuando ello proceda.

El proyecto deja claro que la autoridad judicial puede, mediante resolución fundada, modificar o suspender el ejercicio del derecho de contacto en cuanto a lugares, frecuencia y condiciones cuando determine que mantener ese contacto implicaría un perjuicio físico, moral o psicológico para la persona menor de edad. Es decir, la protección del interés superior del menor sigue siendo la regla y justifica la limitación judicial del contacto cuando exista un riesgo comprobado.

La negativa del menor a mantener contacto debe ser valorada y puede obligar a quien tiene la custodia a solicitar la intervención de la oficina local del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) para investigar y brindar la atención psicosocial necesaria. Además, el artículo que se propone al Código Procesal de Familia establece que la existencia de un proceso por deuda de alimentos en etapa de ejecución “no interrumpirá ni suspenderá el derecho” del menor a tener contacto regular y directo con su círculo familiar, y que el tribunal podrá garantizar su cumplimiento por vía incidental a solicitud de parte o del PANI.

Las disposiciones que reforman la Ley Nº 9747 (Código Procesal de Familia) entrarían en vigor en su integridad a partir del 1 de octubre de 2024; en cambio, las reformas a la Ley Nº 5476 (Código de Familia) y a la Ley Nº 7739 (Código de la Niñez y la Adolescencia) rigen a partir de su publicación, según el texto que acompaña la iniciativa. Como se indicó al principio, estas fechas están en el propio proyecto y su efectividad final depende de la aprobación legislativa y las formalidades de promulgación.

El proyecto se presenta como un mecanismo procesal y de protección para evitar que el derecho del menor a convivir con su entorno socioafectivo sea usado como presión para la entrega de alimentos. No transforma de modo automático otras herramientas de exigencia de la pensión alimentaria; establece responsabilidades procesales (vía incidental, intervención del PANI, resolución judicial) y efectos disciplinarios posibles (por ejemplo, la suspensión de atributos parentales en los casos que el artículo afectado señale), siempre sujetos al control judicial y al principio del interés superior del niño o la niña. El texto sigue pendiente de los trámites legislativos necesarios para ser ley.