Proyecto que propone excluir el arrendamiento de vehículos de funcionarios del ámbito de la Ley General de Contratación Pública (expediente 23561)

El proyecto propone adicionar un inciso i) al artículo 2 de la Ley General de Contratación Pública (n.º 9986) para excluir expresamente del alcance de esa ley el arrendamiento de los vehículos de los funcionarios de la Administración cuando, por el cumplimiento de sus funciones, deban desplazarse y resulte más económico y razonable pagar por el uso de esos vehículos. El texto presentado está pendiente de aprobación en la Asamblea Legislativa y figura como proyecto de ley identificado con el expediente 23561.

El cambio concreto que propone el proyecto es que se agregue la siguiente exclusión en el artículo 2 de la ley: “Arrendamiento de vehículos de los funcionarios”. El articulado que se presenta describe que la exclusión aplica cuando el arrendamiento sea para el cumplimiento de funciones y resulte más económico y razonable pagar por la utilización de los vehículos, en lugar de que la entidad adquiera o disponga otra forma de transporte.

La propuesta establece condiciones y límites para que la exclusión pueda operar. Cada Administración debe disponer un sistema de control interno eficiente que garantice “el uso racional y apropiado” y además debe haber una reglamentación interna que “establezca con precisión las condiciones de la prestación”. Además, la aplicación de estos sistemas requiere la autorización de la Contraloría General de la República. La Contraloría podrá ordenar la eliminación del mecanismo cuando considere que hubo una utilización indebida y también será la encargada de fijar periódicamente las tarifas correspondientes.

El proyecto incorpora la frase “Rige a partir de su publicación”, lo que significa que, si se aprueba, la reforma empezaría a regir desde la publicación oficial que determine su entrada en vigencia.

El proponente registrado es Alejandro José Pacheco Castro y el expediente asignado es el número 23561. La información oficial consignada muestra además fechas del trámite legislativo, incluida la presentación el 2023-02-10, la publicación en La Gaceta el 2023-03-14 (N.º 47) y, según el historial del expediente, el primer debate en Plenario fechado 2025-02-27; el documento en la Asamblea registra diversos trámites y dictámenes posteriores.