Proyecto 23451: Fortalecimiento de la gestión integral de los residuos

El proyecto propone trasladar la rectoría de la gestión integral de residuos desde el Ministerio de Salud al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y establecer un marco más robusto de responsabilidades, instrumentos, metas y sanciones para la gestión de los residuos. Está pendiente de aprobación.

Formular y ejecutar la política nacional y el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos; dictar reglamentos por tipo de residuo; verificar la aplicación de la ley y sus reglamentos; desarrollar herramientas y reglamentos técnicos; fomentar la coordinación interinstitucional; definir indicadores; evaluar políticas y administrar un Fondo para la gestión integral de residuos. Estas funciones son decisiones del articulado y serán operativas cuando la ley quede vigente y se reglamente.

Elaborar un plan municipal de gestión integral de residuos que oriente las acciones en cada cantón, convocar audiencia pública para presentarlo y registrarlo ante el MINAE para su seguimiento y monitoreo. Es decir, los municipios deben planificar, involucrar a la comunidad y someter sus planes al registro y control del nuevo ente rector.

El proyecto incorpora la responsabilidad extendida del productor y establece una lista inicial de “productos prioritarios” a los cuales se aplicará esa responsabilidad: aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, neumáticos y pilas. Para estos productos el MINAE podrá fijar metas y obligaciones, y se espera que los productores participen en programas de gestión, depósito o retorno y otras medidas técnicas y financieras que el reglamento determine.

Como parte del fortalecimiento operativo, el proyecto obliga al MINAE a fijar metas de recolección y valorización cada cinco años para los productos prioritarios y crea un Fondo para la gestión integral de residuos administrado por el MINAE. El Fondo recibirá transferencias y otros ingresos que el texto describe en su articulado y servirá para financiar actividades relacionadas con el cumplimiento de la ley.

El MINAE también queda encargado de operar un Sistema nacional de información sobre gestión integral de residuos, que debe incluir inventarios, infraestructura, tecnologías, inventario de gestores autorizados y otros datos que permitan medir la situación nacional. Las instituciones públicas, empresas, municipalidades y gestores deberán suministrar oportunamente la información requerida.

Para asegurar cumplimiento el proyecto faculta a funcionarios del MINAE, debidamente identificados, a visitar instalaciones sin previo aviso para verificar la existencia e implementación de los programas de manejo; la entrada a las instalaciones será obligatoria e inmediata cuando corresponda. Además se establecen controles y sanciones: el articulado tipifica infracciones gravísimas (por ejemplo operar con residuos peligrosos en lugares no autorizados) y remite a sanciones económicas y obligaciones de remediación.

El Poder Ejecutivo deberá emitir la reglamentación respectiva en un plazo de seis (6) meses desde la entrada en vigor; el MINAE, el Ministerio de Salud y las municipalidades deberán revisar la normativa vigente en plazos cortos y coordinar la transferencia ordenada de responsabilidades y recursos. Es decir, el texto fija pasos y plazos para que la nueva organización y sus instrumentos entren en funcionamiento tras la promulgación.

El MINAE pasará a decidir la política, regular y supervisar la gestión de residuos; las municipalidades deberán presentar y registrar planes municipales; los productores de los productos priorizados enfrentarían obligaciones de manejo y metas; habrá un fondo y metas quinquenales; y se reforzarán la información, la inspección y las sanciones administrativas. Todos estos efectos dependen de la aprobación del proyecto y de la reglamentación que el propio texto exige para detallar plazos, estándares técnicos y mecanismos financieros.