Proyecto 23448: Ley para la regulación y el impulso de las franquicias

El proyecto propone crear una ley que regule e impulse el sistema comercial de franquicias en Costa Rica con normas claras sobre qué debe contener la oferta, el contrato y las obligaciones de las partes, y con medidas para dar seguridad jurídica a franquiciadores y franquiciados; es un proyecto de ley presentado por la diputada Ada Gabriela Acuña Castro bajo el expediente 23448 y está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

Regular e impulsar el modelo comercial de franquicias y “establecer los principios y condiciones contractuales esenciales para brindar seguridad jurídica a todas las partes que participan dentro del sistema de franquicias.” Esto significa que la propuesta busca convertir en reglas obligatorias varios puntos que hoy se negocian caso por caso entre las partes.

Fomentar la cultura del emprendimiento y el crecimiento de las Pymes, brindar seguridad jurídica al modelo de franquicias, promover el modelo de franquicias en el país, crear nuevas fuentes de empleo y apoyar a las Pymes para su participación en este esquema. Esos fines aparecen en el articulado como metas que orientan la norma, no como resultados automáticos ya alcanzados.

Para proteger a quien va a invertir como franquiciado, el proyecto obliga a quien conceda una franquicia a entregar un “prospecto de la oferta de franquicia” con información previa y verificable: el texto exige que esa información se entregue con al menos treinta días naturales de antelación a la firma del contrato y que sea “veraz, clara, concisa, objetiva, verificable” y contemple datos sobre la empresa franquiciadora y el negocio. En la práctica, esto significa que el potencial franquiciado debe recibir por escrito la información que le permita decidir antes de firmar.

El proyecto crea un registro de empresas franquiciadoras a cargo de la Cámara de Comercio de Costa Rica, que deberá inscribir la identificación precisa de las personas jurídicas que actúen como franquiciadoras; el registro se describe como de naturaleza informativa y de acceso gratuito. Ese registro busca centralizar datos sobre quiénes ofrecen franquicias en el país y facilitar la consulta pública.

Sobre el contrato de franquicia, la propuesta exige que conste por escrito y fija una lista mínima de contenidos que debe incluir, como la identificación de las partes, la descripción del sistema de negocio, la delimitación territorial, las inversiones mínimas, las políticas de confidencialidad, las condiciones para el uso de derechos de propiedad intelectual, las obligaciones y derechos de cada parte, políticas de inventarios y publicidad, criterios para la determinación de márgenes o comisiones, estimación de la inversión inicial y la información sobre proveedores, entre otros. Esos requisitos son condiciones que el contrato debe cumplir para ajustarse a la ley.

Prohíbe cláusulas abusivas como impedir las ventas pasivas (es decir, impedir que un franquiciado responda a clientes fuera de su zona), y regula la duración y límites de cláusulas de no competencia, entre otras restricciones. Con esto el proyecto busca limitar pactos contractuales que puedan ser considerados injustos o excesivos.

El proyecto establece obligaciones claras para el franquiciador y para el franquiciado. Para el franquiciador exige, entre otras cosas, contar con al menos tres años de evolución empresarial para poder franquiciar, desarrollar y registrar su circular de oferta, transferir conocimientos y brindar asistencia técnica, mantener los elementos de propiedad intelectual y garantizar aprovisionamientos y controles. Para el franquiciado se exigen obligaciones como cubrir sus costos y gastos de arranque, ejecutar la actividad conforme al manual, proporcionar información razonable, mantener la confidencialidad y abstenerse de actos que pongan en riesgo la identificación o el prestigio del sistema.

Las partes responden individualmente por sus obligaciones comerciales, tributarias y laborales; la ley enumera causas de terminación del contrato (incumplimiento, vencimiento del plazo, muerte o incapacidad, quiebra, violación del principio de buena fe o por mutuo acuerdo); y remite, en lo no previsto expresamente, al Código Civil. Además incluye una norma transitoria que concede un plazo de 24 meses para que las Pymes que adopten el sistema de franquicias puedan trasladarse al régimen tributario general del IVA y del Impuesto sobre la Renta.

El proyecto está formulado como iniciativa legal y su entrada en vigencia dependerá del trámite legislativo y de su aprobación. En el articulado y en el calendario del expediente aparecen múltiples etapas y comisiones por las que debe pasar antes de convertirse en ley; por tanto, las reglas descritas en este texto son las que propone y estarán vigentes solo si la Asamblea Legislativa aprueba el proyecto y se publica la ley correspondiente.