Proyecto 23434: Reforma constitucional para promover el uso del idioma inglés como segunda lengua

El proyecto propone modificar la Constitución para añadir un párrafo al artículo 76 que indique que el idioma inglés se promoverá y se adoptará como segundo idioma de uso nacional, quedando su implementación sujeta a los parámetros que fije una ley especial. Esta es la decisión concreta que contiene el articulado presentado por la Asamblea Legislativa en el expediente 23434.

La modificación concreta establecida en el texto propuesto afirma que el español continúa siendo el idioma oficial de la Nación y que el Estado velará por el mantenimiento y cultivo de las lenguas indígenas, pero añade la obligación de promover y adoptar el inglés como segundo idioma de uso nacional “según los parámetros de implementación que se desarrollarán por ley especial”. En la práctica eso significa que la Constitución encarga al legislador dictar una ley especial que detalle cómo, cuándo y con qué recursos se llevará a cabo la promoción y adopción del inglés.

Quien decide y debe actuar para que la reforma tenga efectos prácticos es el Poder Legislativo, que deberá aprobar la ley especial con los parámetros de implementación. El propio proyecto indica que la reforma “rige a partir de su publicación”, de modo que, si se aprueba, su vigencia comienza cuando se publique oficialmente; sin embargo, las medidas concretas de aplicación dependen de la ley posterior que el proyecto encomienda al legislador.

El texto del proyecto aclara que no se persigue convertir al inglés en una “segunda lengua oficial” por las connotaciones y dificultades que ello implica; en cambio la iniciativa busca promover su uso generalizado como una competencia o habilidad que facilite el acceso de las personas a las ventajas de un mundo globalizado. Esa distinción implica que el proyecto no declara equivalencia de estatus legal entre español e inglés, sino promoción y adopción regulada por ley.

El proyecto también plantea, en sus considerandos, que elevar el bilingüismo a rango constitucional puede constituir un derecho para la ciudadanía que podrá ser exigido por vías jurídicas bajo criterios de igualdad, proporcionalidad y progresividad. Esa afirmación describe la intención de que el acceso al bilingüismo sea un derecho reconocido en la Constitución y, por tanto, sujeto a mecanismos legales; la forma exacta de ese ejercicio y sus efectos dependerán de la ley de implementación y de decisiones judiciales o administrativas posteriores.

El expediente es el número 23434, presentado el 31 de octubre de 2022 y publicado el 9 de diciembre de 2022; la iniciativa tiene como proponente principal a la diputada Andrea Álvarez Marín y cuenta con otras firmas de diputados. El proyecto está pendiente de aprobación; la obligación de implementación y su calendario concreto dependen de la ley especial que el mismo proyecta encargar al legislador.