Proyecto 23420: reforma propuesta al artículo 30 para garantizar acceso a departamentos administrativos y a la información pública

El proyecto propone reformar el artículo 30 de la Constitución Política para garantizar que cualquier persona tenga libre acceso a los departamentos administrativos y al ejercicio del derecho de acceso a la información pública sobre asuntos de interés público, estableciendo principios, obligaciones del Estado y límites. La reforma es una propuesta y está pendiente de aprobación por los trámites legislativos correspondientes.

La reforma extiende la obligación de facilitar información a una lista amplia de autoridades y entidades: la Administración central y descentralizada (institucional y territorial), el Poder Ejecutivo, los Poderes Legislativo y Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones cuando realice funciones administrativas, demás entidades de Derecho Público y también a entidades privadas que reciban y administren fondos públicos. En la práctica, esto significa que quienes manejan información vinculada a la gestión pública quedarían obligados a facilitarla salvo excepciones claras.

El texto define que la regla general es la publicidad de la información en poder de esas autoridades, pero establece excepciones: la información puede permanecer reservada cuando se trate de secretos de Estado u otro tipo de información que por ley sea calificada como reservada o confidencial. Además protege la vida privada y los datos personales conforme a lo previsto en el artículo 24 de la Constitución y las leyes que lo regulen; por tanto, la información personal no se entrega fuera de los límites que la Constitución y la ley fijan.

Ninguna persona deberá acreditar o justificar interés o derecho alguno para solicitar información pública, sus datos personales o la rectificación de estos; el Estado debe, mediante ley, establecer y garantizar los mecanismos y procedimientos administrativos que hagan efectivo el acceso; y se autoriza que por ley se creen órganos o entes especializados e independientes que velen por el cumplimiento de este derecho. También ordena que el Estado utilice, modernice y uniforme su plataforma tecnológica para facilitar el acceso a la información.

Señala que el Estado debe garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión, de prensa y el libre acceso a información pública tanto para las personas como para los medios de comunicación en su labor de buscar, recibir y difundir información e ideas por cualquier medio.

Respecto de vigencia y trámite, el texto contiene la fórmula "Rige a partir de su publicación" para entrar en efecto si se aprueba; sin embargo, como es una reforma constitucional, su entrada en vigor depende de que el proyecto supere las etapas y mayorías que la Constitución exige. El expediente es el número 23420, presentado el 25 de octubre de 2022, y el documento incluye una lista de proponentes y un calendario de trámites registrado en la Asamblea Legislativa. La propuesta fija principios y obligaciones generales; los detalles operativos —por ejemplo, los procedimientos concretos, sanciones, presupuesto o plazos administrativos— quedarían a cargo de las leyes y reglamentos que se deban dictar si la reforma se aprueba.