Proyecto de ley para donar diez lotes de la Ciudadela IMAS en Varablanca, Heredia, a las familias que los habitan

El proyecto propone una ley que autoriza a la Municipalidad de Heredia a segregar y donar diez lotes de la finca municipal identificada con la matrícula de folio real n.º 150211-000, ubicada en Varablanca frente al Colegio Rural de Varablanca. La donación va dirigida a las familias que han habitado históricamente esos lotes y que se detallan en el anexo incorporado al proyecto (artículo 1 y artículo 7). La ley, si se aprueba, rige a partir de su publicación.

Afecta a las familias señaladas en el anexo (diez beneficiarios identificados por nombre, cédula y lote), a la Municipalidad de Heredia como propietaria y a las autoridades notariales y registrales que formalicen las transferencias. En la práctica, la municipalidad podrá realizar la segregación (separar los diez lotes de la finca madre) y donar cada lote a la persona beneficiaria correspondiente, con la finalidad de que esos lotes sean propiedad habitacional de dichas familias. La donación busca resolver la inseguridad jurídica que las personas han vivido por la falta de títulos formales, facilitar trámites futuros sobre la propiedad y contribuir a la mejora de las condiciones de vivienda.

El proyecto insiste en que la autorización legislativa no sustituye estudios ni requisitos previos: la segregación y la donación deben sujetarse a los estudios técnicos, catastrales, registrales y administrativos que exija la ley; tampoco equivale a una adjudicación automática ni exime a la administración municipal de verificar la condición de cada beneficiario (esto aparece explícito en el texto y en los considerandos). La donación está destinada únicamente a uso habitacional de las familias beneficiarias. Si alguna familia dispone del inmueble para fines distintos a los establecidos en la ley, y sin autorización expresa, el bien revertirá de pleno derecho a la Municipalidad de Heredia (artículo 2).

La ley autoriza a la Notaría del Estado a otorgar las escrituras públicas de segregación y donación y a realizar cualquier acto notarial necesario para la debida inscripción en el Registro Nacional; esos trámites estarán exentos del pago de impuestos, tasas o contribuciones de carácter nacional o municipal (artículo 5). Además, se autoriza a la Notaría del Estado a corregir escrituras y documentos registrales cuando el Registro Nacional lo requiera para perfeccionar la inscripción (artículo 6). La Municipalidad también podrá destinar recursos propios para tramitar, formalizar y ejecutar la segregación y donación, y gestionar convenios de cooperación interinstitucional o internacional para mejorar las condiciones de vivienda de los beneficiarios (artículo 4).

El proyecto declara de interés público la segregación y donación de los diez lotes con el fin de regularizar la situación jurídica de las familias y garantizar seguridad sobre sus viviendas, lo que busca facilitar el cumplimiento del propósito social con que se adquirió el terreno (artículo 3). El proyecto limita su alcance a esos diez lotes y a las personas que aparecen en el anexo; no pretende resolver otras situaciones distintas ni dar efectos más allá de la habilitación para segregar y donar conforme a las verificaciones legales.

Indica la finca madre (folio real matrícula n.º 150211-000), su área total según el plano catastrado madre (5.142,14 2 m ), y que el terreno es de naturaleza “potrero” según el Registro Nacional. El artículo 7 incorpora como parte integral de la ley los datos de las personas solicitantes de donación: nombres, números de cédula, número de lote, plano catastrado y medida en metros cuadrados de cada lote. El proyecto incluye diez beneficiarios con las medidas de cada lote (por ejemplo, uno de 732 m , otro de 273 m , etc.), y la lista completa forma el anexo que se considera parte de la ley.

El proyecto aclara que la autorización no sustituye ni exonera los estudios técnicos, catastrales, registrales y administrativos que correspondan; por tanto, la transferencia efectiva depende de verificaciones adicionales. También establece que la aprobación no implica una erogación automática ni el otorgamiento incondicionado de beneficios habitacionales, y que la donación debe verificar la viabilidad material y jurídica de la segregación y el traspaso y que no se afecten áreas o bienes destinados al uso público. Si algún fragmento del texto pudiese parecer incompleto o generar dudas prácticas sobre trámites específicos (por ejemplo, plazos exactos para la inscripción o pasos administrativos detallados), el proyecto no las especifica; por ello, cualquier ejecución práctica dependerá de los actos técnicos y registrales posteriores que el propio texto exige.