Proyecto para derogar la ley que creó el Distrito Cívico del Bicentenario y disponer el retorno de recursos asignados

El documento es un proyecto de ley sometido a la Asamblea Legislativa que propone derogar la Ley nº 10268, de 11 de julio de 2022, que creó el «Distrito Cívico del Bicentenario de la República de Costa Rica». La propuesta incluye dos artículos: (1) derogar dicha ley; y (2) ordenar que, desde la entrada en vigencia de esta norma, los recursos que se hubieran asignado o transferido para cumplir con la Ley 10268 retornen a las personas físicas o jurídicas públicas o privadas a las que correspondan, para que sean reasignados conforme al ordenamiento jurídico vigente. También establece que las obligaciones, compromisos y responsabilidades válidamente contraídas para cumplir la ley derogada serán asumidas por las personas físicas o jurídicas que los hubieran contraído, respetando derechos de terceros y obligaciones legalmente exigibles. La norma propone regir desde su publicación. Fuente oficial: La Gaceta (publicación vinculada al anuncio del proyecto).

Si este proyecto se aprobara tal como está, la Ley 10268 dejaría de tener efecto. Eso implica dos efectos concretos y simultáneos según el texto: primero, los recursos (financieros, materiales, humanos u otros) que hubieran sido entregados para ejecutar lo que ordenaba la Ley 10268 deben ser devueltos a quienes los entregaron o transferidos de vuelta a las personas o entidades públicas o privadas correspondientes, para que dichas personas o entidades los reasignen según las normas aplicables. Segundo, cualquier obligación o compromiso que se hubiere formalizado para ejecutar la ley derogada no desaparece: será asumido por quien lo contrató o lo adquirió (persona física o jurídica pública o privada), siempre respetando derechos de terceros y las obligaciones legales que correspondan.

Afecta directamente a: (a) las entidades públicas o privadas que hubieran recibido recursos, bienes, personal u otros aportes destinados al cumplimiento de la Ley 10268; (b) las personas físicas o jurídicas que hubieran asumido obligaciones o contratos vinculados con la ejecución de esa ley; y (c) terceros cuyos derechos estén vinculados a esos recursos u obligaciones (el texto ordena respetar esos derechos). Indirectamente afecta a cualquier institución o actor que hubiera participado en la implementación del denominado Distrito Cívico del Bicentenario (por ejemplo, instituciones públicas con sede en el área, la Municipalidad de San José, el Consejo creado por la ley, donantes o entidades privadas que hubieran hecho aportes). El documento señala que no hay información que demuestre que el Consejo del Distrito Cívico haya operado desde su creación.

El proyecto impone condiciones y límites concretos: (1) la devolución o retorno de recursos se hará «a las personas físicas o jurídicas de tipo públicas o privadas, según corresponda», y dichas personas podrán reasignarlos conforme al ordenamiento jurídico vigente; (2) las obligaciones válidamente contraídas para cumplir la ley derogada no se eliminan: continúan vigentes y deben ser asumidas por quien las hubiera adquirido; (3) se establece expresamente la preservación de los derechos de terceros y de las obligaciones legalmente exigibles; (4) la derogación rige desde su publicación.

El proyecto rescata observaciones del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) y enumera deficiencias detectadas en la Ley 10268 que justifican la derogación: indefinición técnica y territorial del distrito; desconexión con la cartografía y categorías territoriales; uso inadecuado de la figura jurídica del ente público no estatal para la función propuesta; creación innecesaria de nueva estructura administrativa y riesgo de duplicidad; falta de estudios técnicos y financieros que avalen la viabilidad; generación potencial de gastos operativos sin fuente clara de financiamiento; posible invasión de competencias municipales en planificación urbana; insuficiente articulación con instrumentos de planificación vigentes; y ausencia de delimitación temporal y justificación para la permanencia institucional. La exposición concluye que, al no haberse resuelto esas insuficiencias, la figura creada no contó con justificación institucional suficiente y podía causar confusión territorial, duplicidad administrativa o gastos públicos injustificados.

Estas ausencias aparecen en el propio texto y, por tanto, impiden conocer detalles operativos que serían necesarios para la ejecución práctica de la derogación.

El resultado propuesto es la derogación de la Ley 10268 y la disposición sobre retorno de recursos y asunción de obligaciones por parte de quienes las contrajeron. La norma prevista rige desde su publicación. El documento es un proyecto sometido a conocimiento del Poder Legislativo; la explicación y las razones que contiene fueron presentadas en ese proyecto publicado en La Gaceta.