Criterio positivo del Banco Central sobre el proyecto de ley para aprobar el Contrato de Préstamo 9834-CR (€264,1 millones) con el BIRF

La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) emitió, por unanimidad y en firme, un criterio positivo sobre el proyecto de ley titulado “Aprobación del Contrato de Préstamo 9834-CR, primer préstamo de política de desarrollo para la gestión fiscal y el crecimiento verde de Costa Rica”, suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por un monto de €264,1 millones. Esta decisión aparece registrada en el acta de la sesión 6340-2026, celebrada el 27 de agosto del 2026, y remite además al artículo 3 del acta de la sesión 6265-2025, del 3 de julio de 2025, en que ya se había emitido criterio positivo sobre la misma operación.

El proyecto dispone que el crédito se suscribe como un apoyo presupuestario para el Gobierno central. Los artículos 2 a 5 del proyecto regulan el uso, la incorporación y la administración de los recursos del endeudamiento. En particular, esos artículos permiten que los recursos se incorporen al Presupuesto Extraordinario de la República previa aprobación de la Asamblea Legislativa y señalan que la administración de esos recursos se hará conforme al principio de unidad de caja del Ministerio de Hacienda (MH). El proyecto también exonera del pago de impuestos y tasas asociadas a la formalización del financiamiento. El texto del contrato, sus anexos y las condiciones generales forman parte integral de la iniciativa legislativa.

Afecta al Gobierno central como receptor del apoyo presupuestario y, en la práctica, al manejo fiscal que realice el Ministerio de Hacienda en relación con esos recursos. La Junta señala que la contratación requiere preservar una gestión fiscal prudente y una estricta priorización de las necesidades de financiamiento.

La Junta analizó las condiciones financieras del crédito y el contexto macrofinanciero. Concluye que las condiciones financieras (plazo, período de gracia, tasa de interés y comisiones) son competitivas frente a alternativas en el mercado financiero local y que, por su naturaleza, la operación no implicaría un mayor gasto respecto de lo previsto en el proyecto de ley de presupuesto para 2026. Además, estima que la contratación no genera desvíos frente a la programación macroeconómica del Banco Central en materia monetaria, de balanza de pagos y de gestión de deuda, porque: a) la operación ya fue considerada en las proyecciones del Informe de Política Monetaria de abril de 2025; b) el BCCR gestiona los requerimientos de divisas del sector público no bancario, por lo que estima que desembolso y servicio de la deuda podrían gestionarse sin causar inestabilidad cambiaria; y c) las condiciones financieras son mejores que las que obtendría el Ministerio de Hacienda en el mercado local.

La Junta registra cambios desde la valoración de 2025. Señala que el indicador EMBI para Costa Rica fue de 130 puntos base (p.b.) el 31 de julio de 2026, frente a 193 p.b. el 3 de julio de 2025. Informa también aumento de precios internacionales del petróleo ligado a tensiones geopolíticas y expectativas de tasas de interés más altas en Estados Unidos y la zona del euro durante 2026. Cita además que, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2026-2031 compartido por el Ministerio de Hacienda, la relación deuda/PIB del Gobierno central se ubicaría en 62,4% al final de 2026 y proyecta una trayectoria creciente hasta 68,6% en 2031; estas proyecciones difieren de las de julio de 2025, que esperaban una trayectoria decreciente por debajo del 60%.

La Junta indica una tasa efectiva estimada para esta operación de crédito de 4,25% en euros (al 31 de julio) y compara esa cifra con una tasa de interés neta interna para un título en euros a 10 años de 6,01% neto. Con esa diferencia, estima un ahorro anual por concepto de intereses de €4,7 millones (aproximadamente 0,005 puntos porcentuales del PIB). La Junta advierte que la colocación de títulos en euros o dólares en el mercado local ha dependido mayoritariamente de no residentes en emisiones anteriores y que el mercado local podría no proveer en condiciones similares el volumen de recursos a largo plazo previsto en este crédito. También señala que mayores necesidades de captación por parte del Ministerio de Hacienda en el mercado local podrían elevar las tasas internas y contraer el crédito disponible al sector privado. Sin embargo, la contratación podría mejorar el perfil de la deuda y diversificar mercados, monedas e instrumentos.

La Junta declara que su análisis se basa en la información provista por las entidades públicas y en las condiciones macrofinancieras observadas hasta la fecha, bajo la presunción de que esa información es completa, veraz, oportuna y técnicamente correcta; cualquier variación significativa en esa información podría cambiar la valoración. Reitera la necesidad de mantener gestión fiscal prudente y una estricta priorización de necesidades de financiamiento.

La Junta dispuso enviar a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios copia del artículo 3 del acta de la sesión 6265-2025 (que ya rindió criterio positivo), el oficio DEC-0032-2025 que sirvió de base para esa decisión, y el oficio que sustenta el presente acuerdo de Junta Directiva.