CGR: Auditoría al Consejo Superior de Educación sobre su gestión y transparencia (DFOE-CAP-IAD-00004-2026)

La Contraloría General de la República (CGR) fiscalizó la gestión del Consejo Superior de Educación (CSE) para ejercer la dirección general de la enseñanza oficial, así como sus mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, durante el periodo del 1 de enero de 2024 al 30 de junio de 2026. La CGR concluye que la gestión del CSE incumple aspectos significativos del marco normativo y técnico aplicable y emite tres disposiciones obligatorias para corregir esas deficiencias. La auditoría no evaluó el contenido ni la pertinencia de las políticas educativas aprobadas.

Afecta al Consejo Superior de Educación como órgano responsable de la dirección general de la enseñanza oficial en Costa Rica y, por extensión, a la ciudadanía y a la comunidad educativa porque las decisiones del CSE inciden en el servicio educativo que reciben niñas, niños y adolescentes. La CGR señala al CSE como responsable de cumplir las disposiciones y de rendir cuentas ante la Contraloría.

La CGR detectó tres problemas centrales. Primero, ausencia de una conducción estratégica: el CSE no tiene una estructura integrada que combine dirección estratégica y controles para asegurar la trazabilidad y la alineación de sus decisiones con las necesidades del sistema educativo. Faltan metodologías, instrumentos de control, objetivos de mediano y largo plazo y criterios procedimentales uniformes. Segundo, falta de planificación estratégica propia: el CSE concentra su trabajo en analizar propuestas que recibe del Ministerio de Educación Pública (MEP) y no cuenta con una agenda estratégica propia ni metas anuales que orienten prioridades y recursos. Tercero, deficiencias de transparencia y rendición de cuentas: el CSE publica actas pero no cuenta con un informe anual formalizado ni con regulaciones internas que sistematicen la divulgación del trabajo de sus comisiones ni los resultados de su gestión.

La falta de conducción estratégica y de controles limita la capacidad del CSE para orientar proactivamente el sistema educativo, dificulta verificar si las decisiones responden a prioridades definidas y si tienen sustento técnico trazable, y reduce la posibilidad de que la ciudadanía y la comunidad educativa conozcan y den seguimiento a los resultados y acuerdos del Consejo.

La CGR obliga al CSE a elaborar, oficializar e implementar regulaciones e instrumentos en tres áreas, con fechas precisas para remitir evidencias a la Contraloría:

Elaborar, oficializar e implementar instrumentos de control para la orientación estratégica del Consejo que incluyan la visión estratégica y vinculen objetivos y metas con los recursos requeridos. Plazos para acreditar cumplimiento: a) copia del acuerdo que haga constar la elaboración y oficialización, a más tardar el 31 de mayo de 2027; b) informe de avance sobre la implementación, a más tardar el 30 de noviembre de 2027.

Elaborar, oficializar e implementar regulaciones internas que promuevan la independencia de criterio y la objetividad en las decisiones de los miembros del CSE, en particular la gestión de conflictos de interés y la mitigación de presiones externas. Plazos para acreditar cumplimiento: a) copia del acuerdo que haga constar la elaboración y oficialización, a más tardar el 30 de julio de 2027; b) informe de avance sobre la implementación, a más tardar el 15 de diciembre de 2027; c) segundo informe de avance, a más tardar el 31 de marzo de 2028.

Elaborar, oficializar e implementar regulaciones internas que promuevan la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas, incluyendo la institucionalización de un informe de rendición de cuentas basado en resultados. Plazos para acreditar cumplimiento: a) copia del acuerdo que haga constar la elaboración y oficialización, a más tardar el 31 de agosto de 2027; b) primer informe de avance, a más tardar el 15 de diciembre de 2027; c) segundo informe de avance, a más tardar el 29 de abril de 2028.

Las disposiciones surgen de una auditoría con alcance y periodo definidos (1/01/2024–30/06/2026) y se basan en la Constitución, leyes y normas de control interno citadas en el informe. La CGR declara estas disposiciones de acatamiento obligatorio y advertirá verificaciones e, en caso de incumplimiento, podrá valorar responsabilidades conforme a sus competencias constitucionales y legales. Las fechas indicadas son las únicas vigencias y plazos que la evidencia muestra para remitir la documentación requerida.

El auditorio empleó entrevistas, revisión de expedientes 2024–2025 y consultas documentales; el CSE presentó observaciones formales por oficio CARTA-CSE-SG-770-2026 del 18 de setiembre de 2026, que la CGR atendió mediante oficio n.° DFOE-CAP-1608 del 24 de setiembre de 2026. La CGR también comunicó el borrador y sostuvo una sesión informativa virtual el 10 de setiembre de 2026 con miembros del CSE. La auditoría aclara explícitamente que no evaluó el contenido ni la pertinencia de las políticas educativas aprobadas por el CSE.