Proyecto 25614: Ley Gerson Rosales Cascante — Ley de Protección Integral a la Víctima y al Servidor Policial

El proyecto propone crear la "Ley Gerson Rosales Cascante" denominada "Ley de Protección Integral a la Víctima y al Servidor Policial", que modifica normas penales y procesales para ampliar medidas de protección y definir reglas específicas cuando la víctima o la persona afectada sea un miembro de los cuerpos policiales. El proyecto figura como expediente número 25614, fue presentado por el Poder Ejecutivo y comenzó su trámite en junio de 2026; está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

El proyecto parte de una exposición de motivos que rinde homenaje a Gerson Rosales Cascante y describe el homicidio ocurrido el 14 de mayo de 2026 en Batán, provincia de Limón, como contexto que motiva la iniciativa. Esa parte del texto oficial presenta la muerte del agente como ejemplo del riesgo que enfrentan los servidores policiales en el ejercicio de sus funciones.

El cambio normativo propuesto consiste en reformas y adiciones a diversos artículos del Código Penal, del Código Procesal Penal y de la Ley de Armas y Explosivos. El articulado listado en el texto incluye la reforma del artículo 28 (legítima defensa), la creación de los artículos 28 bis y 28 ter (presunción de actuación en legítima defensa para servidores policiales y circunstancias atenuantes del uso de la fuerza), la adición del artículo 57 bis (arresto domiciliario con monitoreo electrónico), y modificaciones relativas a la prisión preventiva, agravantes y penas, entre otros. El documento expone esos ejes como el conjunto de reformas propuesto.

En materia sustantiva, la propuesta amplía y aclara la figura de la legítima defensa y crea una presunción legal que favorece a quienes actúen como servidor policial cuando, según el texto, "actúen para repeler o evitar una agresión que ponga en peligro su integridad física o su vida, o la de terceros"; además introduce reglas que los tribunales podrán valorar como atenuantes si consideran que no hubo necesidad racional en el uso del arma u otro medio empleado. Esas disposiciones buscan establecer criterios para juzgar el uso de la fuerza por parte de personal policial y para definir cuándo existe una presunción favorable a su actuación.

En materia de ejecución penal y medidas alternativas, el proyecto incorpora el "arresto domiciliario con monitoreo electrónico" como sanción en sustitución de la prisión y establece requisitos para su aplicación por parte del juez, condiciones de control y causales de revocación. De forma paralela, se incluyen limitaciones a la concesión de la libertad condicional cuando la condena se origine en delitos cometidos contra miembros de los cuerpos policiales o en supuestos de resistencia o agresión contra la autoridad, según el articulado propuesto.

En lo procesal y sancionador, la iniciativa añade causales específicas para ordenar la prisión preventiva, tipifica y agrava el uso de armas contra miembros de cuerpos policiales y crea tipos penales como amenazas dirigidas a ese personal; también incorpora agravantes, por ejemplo, cuando el autor desarme a un miembro de los cuerpos policiales. El texto contiene un conjunto de modificaciones que afectan la valoración del riesgo, la procedencia de medidas cautelares y las penas para conductas contra agentes y servidores en el ejercicio de sus funciones.

El proyecto afecta principalmente a las víctimas, a los miembros de los cuerpos policiales, a imputados y al sistema judicial que deberá valorar las nuevas presunciones, atenuantes, agravantes y requisitos de medidas alternativas. La iniciativa fue presentada como proyecto de ley ordinaria y su entrada en vigor y efectos materiales dependerán de su eventual aprobación por la Asamblea Legislativa y de la forma en que los tribunales y autoridades ejecuten las disposiciones aprobadas.