Proyecto de ley 25470: Ley General contra la Obesidad

El proyecto propone declarar la obesidad como enfermedad crónica no transmisible de interés público y crear un marco legal para reducir la prevalencia del sobrepeso y la obesidad mediante prevención y atención integral en todos los grupos etarios; el texto está presentado como proyecto y está pendiente de aprobación.

El proyecto aplica al sector público —incluyendo Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones, instituciones autónomas y semiautónomas, municipalidades y empresas públicas— y al sector privado en ámbitos como escuelas, colegios, universidades, empresas, centros de investigación y centros médicos y de salud, por lo que su alcance norma tanto actores estatales como instituciones privadas relacionadas con educación y salud.

El texto crea un Programa Nacional contra la Obesidad y define responsabilidades para instituciones como el Ministerio de Salud (diseño, ejecución y evaluación de la política nacional y emisión de normas y protocolos), la Caja Costarricense de Seguro Social (rutas y servicios integrales de atención), el Ministerio de Educación Pública (acción formativa y medidas en centros educativos), el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y las municipalidades; además impulsa medidas de promoción de estilos de vida saludables, educación alimentaria, entornos saludables y atención multidisciplinaria para personas con sobrepeso u obesidad.

Promueve el etiquetado de advertencia en el frente del paquete para productos con exceso de azúcares, grasas y sodio y señala obligaciones sobre la publicidad dirigida a menores (por ejemplo restricciones y sellos de advertencia), con el objetivo de orientar decisiones de compra y proteger la salud infantil. Para implementar la ley el Poder Ejecutivo deberá reglamentarla dentro de los plazos que establece el articulado; el propio proyecto define además días y acciones de sensibilización como herramientas de política pública.

Cita encuestas y registros sobre prevalencia y gasto (por ejemplo, menciona que en 2024 la Encuesta de Factores de Riesgo reportó 32,3% de obesidad en adultos mayores de 20 años y que la CCSS registró 343 egresos hospitalarios por obesidad en 2022 y 473 en 2023), lo que contextualiza la propuesta y explica la prioridad señalada en el articulado. Está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa y su expediente es el número 25470.