Proyecto 25425: Proyecto para erradicar el tráfico ilícito de combustible destinado a embarcaciones vinculadas al crimen organizado

El proyecto propone erradicar el tráfico ilícito de combustible destinado al aprovisionamiento de embarcaciones dedicadas al crimen organizado mediante reformas a las leyes 9096, 7557 y 8754. El texto plantea cambios normativos para prohibir y sancionar la comercialización, el transporte y el almacenamiento irregular de combustible en zonas marinas y fluviales, e incluye medidas para mejorar la trazabilidad y la supervisión de los subsidios al combustible. El proyecto está pendiente de aprobación.

El proyecto cambia normas vigentes para introducir obligaciones técnicas y procedimientos de control. Entre las medidas figura la obligatoriedad de instalar sistemas de identificación y monitoreo satelital (VMS) en embarcaciones beneficiadas con subsidio, la creación de mecanismos de trazabilidad digital y auditorías periódicas, así como verificaciones cruzadas entre INCOPESCA, el Ministerio de Seguridad Pública y el OIJ para vetar exoneraciones a personas o embarcaciones vinculadas a actividades ilícitas. También prevé la creación de una unidad especializada en INCOPESCA para el control operativo del subsidio.

Las embarcaciones pesqueras (se establece, por ejemplo, requisitos para las de más de 10,67 metros de eslora), las instituciones que administran permisos y concesiones (Ministerio de Ambiente y Energía, Ministerio de Salud y municipalidades para patentes municipales), y entidades responsables de la distribución y control del combustible como RECOPE e INCOPESCA. Se asignan funciones específicas a esas autoridades para otorgar concesiones, permisos sanitarios y controlar operaciones en zonas marinas y fluviales.

El proyecto incorpora sanciones administrativas y mecanismos de comiso y destino de bienes. Los bienes decomisados por infracciones a esta ley deberán quedar en depósito judicial a favor del Servicio Nacional de Guardacostas y el comiso puede favorecer a esa institución. Las multas previstas se establecen por rangos en salarios base para conductas como comercializar o suministrar combustible desde embarcaciones sin autorización, y para el almacenamiento irregular del combustible existen sanciones más severas. Además, el proyecto determina que las multas, una vez firmes, podrán pagarse en especie y destinarse a bienes y servicios para el Servicio Nacional de Guardacostas.

Para fiscalizar y prevenir el delito, el proyecto crea o fortalece órganos y sistemas de control. Se crea la Sección de Control y Administración de Combustible (SCAC) en INCOPESCA para desarrollar mecanismos digitales de administración y verificación, y se establece intercambio de información y operativos conjuntos entre INCOPESCA, el Servicio Nacional de Guardacostas, la Policía Fiscal, la DNCD y otras entidades competentes. INCOPESCA deberá consolidar y contrastar datos de posición y recorridos (VMS) con las entregas de combustible, y remitir informes periódicos para detectar anomalías.

El articulado contiene disposiciones transitorias y de entrada en vigencia. Se concede un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigencia de la norma para que el Poder Ejecutivo emita las reglamentaciones y directrices técnicas necesarias para su aplicación. Esta obligación limita la efectividad inmediata de algunas medidas hasta que se publiquen las regulaciones correspondientes.